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Vizcaya

06.02.09 -

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Una semana para alertar a la residencia de que el agua tenía restos fecales
Un vecino observa un bando que prohíbe el consumo. / J. ALEMANY
La normativa vigente en Euskadi obliga a que, cuando se observe algún peligro en los resultados de los análisis del agua, las autoridades pongan en marcha medidas para informar a los vecinos de la situación. Esto hay que hacerlo en un plazo de 24 horas. Según la documentación aportada por Sanidad, en muchos casos no se tomaron cartas en el asunto hasta pasados varios días desde la recogida de muestras.
Es lo que sucedió en junio del año pasado. Según los informes presentados al juez por el Departamento, Sanidad declaró como «no apta para el consumo» el agua de la residencia para mayores de Carranza. El material para realizar los test se obtuvo el día 18 y los resultados posteriores evidenciaron «la ausencia de cloro libre residual», así como «una presencia de contaminación microbiológica: coliformes totales 34 ufc -lo que revela una presencia de restos fecales-». Por ello, el 24, es decir, seis días después de recoger los testigos para realizar las verificaciones, se envió un fax urgente desde el Centro Comarcal de Salud Pública de la Margen Izquierda y Las Encartaciones al Ayuntamiento del valle, en el que se «rogaba que se realizarán las gestiones necesarias para comprobar el correcto funcionamiento del sistema de depuración».
Comunicación vía fax
Un día después, cuando ya ha pasado una semana desde la recogida de muestras, el Consistorio respondió que se había informado a los responsables del geriátrico «de la citada incidencia, recomendándoles que, como medida preventiva, consumieran agua embotellada hasta que la situación se normalizara». Las autoridades locales aseguraron que el fallo por el que el suministro no era potable obedeció a una deficiencia de los sistemas de la propia residencia. «Creemos que el problema radica en su depósito», se aseguraba en el documento remitido a Sanidad.
La comunicación entre ambas instituciones se realiza vía fax, como estipula la normativa. Sin embargo, de la documentación aportada al juez, se desprende que, en ocasiones, el sistema no es del todo efectivo, ya que pasan dos y tres días hasta que se toman las primeras medidas para paliar la situación.
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