SENTENCIA
El juez cree que actuóde forma «arbitraria» e «injusta» cuando echó abajo las traviesas que había levantado un vecino en su finca
El vecino instaló unas traviesas. / EL CORREO
El Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao ha procesado a la alcaldesa de Zamudio al apreciar indicios de que pudo cometer un delito de prevaricación. Una vez realizadas las diligencias previas, el magistrado considera que Sorkunde Aiarza adoptó una «resolución arbitraria», «a sabiendas de su injusticia», al ordenar la demolición de una obra de escasa envergadura realizada por un vecino pese a que existía un recurso judicial. La regidora del PNV afirma que en el fondo del pleito subyace un «conflicto vecinal» por la delimitación de varias propiedades.
Los hechos comenzaron en octubre de 2006. El denunciante, J.M.Z., pidió permiso para acometer una pequeña reforma en su propiedad. El proyecto consistía en colocar unas traviesas de 90 centímetros y la construcción de un bordillo para delimitar su terreno. El 21 de mayo de 2007, el afectado presentó un escrito en el Ayuntamiento en el que anunció que iba a acometer las obras, que entendía habían sido regularizadas por «silencio administrativo».
La alcaldesa ordenó su paralización, mediante un decreto aprobado el 24 de mayo, al «carecer de licencia» y por impedir el «paso de servicios públicos» por un camino vecinal. Además estableció un plazo de cinco días para «regularizar» la situación. J.M.Z., por su parte, presentó un recurso en el que pedía la suspensión cautelar de esta resolución judicial.
El derribo, finalmente, se llevó a cabo el 31 de mayo. Ese día, la Ertzaintza llamó por teléfono a la alcaldesa para informarle de que el propietario del terreno había interpuesto un recurso y solicitado medidas judiciales para detener las excavadoras. Horas después, llegó al Ayuntamiento un fax del juzgado para evitar la demolición. Pero ya era tarde.
Una vez recabada la información del caso, el juez considera que la alcaldesa pudo cometer un delito de prevaricación por dos motivos: por un lado, estima que adoptó una resolución «arbitraria» al llevar a cabo un «acto definitivo y grave» al ordenar la demolición sin haber seguido los «trámites normativos previstos». También considera que la actuación era «injusta», ya que el plazo de cinco días concedido para «regularizar» la situación de la obra -y que «ni siquiera se respetó»- supuso un intento de «anular la defensa de los derechos» del denunciante. Por todo ello, concluye el juez, Aiarza actuó «en ausencia de expediente administrativo».
Recurso judicial
En este contexto, el juez ha ordenado que se traslade esta resolución al Ministerio Fiscal para que solicite la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Consultada por este periódico, Aiarza -alcaldesa desde 2003- reiteró que está imputada por tratar de «mediar» en un conflicto vecinal de «difícil» solución. También aseguró que su abogado está considerando la posibilidad de recurrir el auto judicial.
