investigación judicial
El alcalde, Fernando Muguruza, junto al cuartel de la Guardia Civil. / ABEL VERANO
Las supuestas irregularidades urbanísticas cometidas en la céntrica zona de Santa Catalina, en Castro Urdiales -que derivaron el miércoles en la detención del alcalde, Fernando Muguruza, y el edil de Obras y Servicios, Rufino Díaz Helguera-, han salpicado también al ex secretario municipal, César Sáiz. El funcionario fue arrestado varias horas más tarde por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos en relación a la construcción de varias urbanizaciones sobre un arroyo. La Policía Judicial sospecha que se realizaron diversas modificaciones anómalas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que habrían permitido levantar algunas promociones en lugar inadecuado.
Tras prestar declaración, Sáiz fue puesto en libertad. Ahora, al igual que Muguruza y Díaz Helguera, el funcionario deberá esperar a que, una vez revisados los atestados, el juez le llame a declarar si lo considera oportuno.
La gestión urbanística de la zona de Santa Catalina ha puesto en cuestión al menos tres urbanizaciones por estar presuntamente construidas sobre terrenos considerados de dominio público hidráulico sin advertir de ello a los compradores. Pero hay más. Y es que, según ha podido saber este periódico, una de las promociones -el edificio 'Boulevard'- fue levantada también, en parte, sobre viales públicos. Al parecer, los detenidos aprobaron modificaciones urbanísticas puntuales en el PGOU -sin contar con el visto bueno de la Comisión Regional de Urbanismo- y dieron luz verde a la construcción del bloque de viviendas. El resultado: ocupó parcialmente suelo en el que no se podía edificar.
A este respecto, Muguruza expresó ayer su «condena sin paliativos al comportamiento de un representante público que pudiera sacar provecho privado de unos viales públicos como consecuencia de la manipulación del Plan General». Sin embargo, el alcalde, imputado en otras ocho causas por diferentes motivos, enfatizó que su «patrimonio está a la vista». «No me he quedado con nada que no sea mío y mi única riqueza es la renovada ilusión que conservo para seguir desarrollando la tarea para la que fui elegido, aunque tenga que hacerlo contra viento y marea». Y es que el primer edil se siente víctima de una actuación «manifiestamente injusta, desproporcionada y carente del más mínimo fundamento».
Además, el regidor se mostró ayer convencido de que su «único delito ha sido discrepar abiertamente» con el Partido Regionalista de Cantabria -donde militó- y el PSOE. En su opinión, ese desencuentro habría desencadenado «la puesta en marcha de toda la maquinaria de poder político y mediático», para después «teatralizar una escena de hipócrita indignación desesperándose por no conseguir mi rendición».
Al término de su comparecencia -no admitió preguntas «por consejo de sus asesores»-, Muguruza señaló que no quiere pensar que exista «un comportamiento inquisitorial de la Justicia con un agravio comparativo hacia mi persona sin precedente en la historia judicial española».
Toma y daca político
Las detenciones del alcalde y su antecesor en el cargo y actual edil de Obras y Servicios, Díaz Helguera, por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos desencadenaron ayer múltiples reacciones de distintos sectores políticos locales y regionales.
La vicepresidenta de Cantabria, Dolores Gorostiaga (PSC-PSOE), apuntó que el «primer responsable» de la situación que vive Castro es el presidente regional del PP, Ignacio Diego, al que pidió que «deje de echar balones fuera» y retire «inmediatamente» el apoyo al alcalde «tránsfuga». La secretaria general de los populares cántabros, María José Sáenz de Buruaga, fue la que le respondió. Su partido sólo tomará medidas en el Ayuntamiento de Castro cuando haya una resolución judicial que «desvirtúe la presunción de inocencia» del primer edil, es decir, que sea declarado culpable. Asimismo, calificó de «irresponsable» la política del PRC y el PSOE, porque, a su juicio, sólo buscan el «rédito electoral».
Aunque el PP local no quiso pronunciarse, sí lo hicieron, en cambio, los socialistas. Así, el secretario general del PSOE, Daniel Rivas, se mostró «preocupado» por la situación y reclamó «respeto» a los procedimientos judiciales y «celeridad» en la resolución de los mismos, sin olvidar «la presunción de inocencia» de los imputados. Pidió «cordura y responsabilidad» a las autoridades municipales e instó a los populares cántabros a que «retiren el apoyo» a Muguruza. Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, María Jesús Esteban, pidió al alcalde que «dimita». El líder del PRC, Javier Virto, lo resumió en una frase: «la situación es insostenible».
