ELECCIONES vascas
Abogacía del Estado y Fiscalía mantienen una segunda vía y presentan ante el Supremo pruebas para anular sus candidaturas
La Fiscalía y la Abogacía del Estado dieron ayer el paso para anular las candidaturas de Askatasuna y D3M por sus conexiones con ETA-Batasuna, lo que acelera la maquinaria para que ambas formaciones no estén presentes en las elecciones del 1 de marzo. El primer capítulo de este proceso tendrá lugar hoy cuando el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien instruye un sumario contra ambas formaciones, decida si suspende o no de manera cautelar su actividad. Podrá hacerlo si entiende que hay suficientes «indicios» para considerar que son asociaciones delictivas.
En estos momentos, las vías para que Askatasuna y D3M queden fuera de los comicios autonómicos siguen dos caminos paralelos en el Supremo y en la Audiencia. La 'Sala del 61' del primero de estos tribunales analizará mañana esta cuestión, desde otro punto de vista: el que marca la Ley de Partidos. Las decisiones del juez Garzón, además, son independientes de las del Supremo. De tal forma que si el magistrado adoptara la suspensión y el Supremo no viera motivos para ilegalizar ambas marcas, se mantendría la postura del primero.
En el caso de Garzón, diversas fuentes judiciales consideran que todos los indicios apuntan a que dejará a estas candidaturas fuera de los comicios. En el auto por el que ordenaba el ingreso en prisión de dirigentes de Askatasuna y de candidatos de D3M afirmaba que ambas formaciones estaban creadas por ETA.
Futura ilegalización
En cuanto a los documentos de la Abogacía del Estado contra Askatasuna, los servicios jurídicos tampoco dudan en considerarlo un «instrumento de ETA» por lo que ven necesaria la exclusión de sus listas de las elecciones. Los letrados, no obstante, avanzan que una vez lograda su pretensión reclamarán también ante la Sala Especial del Supremo una demanda ordinaria para obtener la ilegalización de Askatasuna como partido político.
En el caso de D3M, la Abogacía del Estado ha centrado parte de su demanda en la acumulación de presuntos nexos entre la ilegalidazada Batasuna, tanto en la creación como en la presentación y funcionamiento del día a día de la plataforma. Las evidencias recogidas se refieren también a la financiación o la gestión de la propaganda.
En el caso de Askatasuna, un partido creado en agosto de 1998 y contra el que no se había actuado nunca, los indicios recogidos se refieren a su creación y a su primera presentación a unas elecciones, en 2001, donde estuvieron presentes de una forma simbólica y no llegaron a realizar campaña. Las pruebas se refieren tanto a las personas que formaron parte de aquellas listas -vinculadas más tarde con candidaturas ilegalizadas- y a los candidatos que lideran las actuales listas, en las que se han presentado evidencias como habérseles incautado propaganda de ANV, haber participado en encuentros de la izquierda abertzale, visitado a presos de ETA o firmado documentos de apoyo a diversos movimientos de la izquierda radical.
El Supremo, en su primera decisión una vez presentada las demandas de Fiscalía y Abogacía, decidió ayer no entregar el censo a D3M, tal y como había pedido el Gobierno por entender que podría acabar en manos de ETA. En el caso de Askatuna, contra el que se pedía la misma medida, el Tribunal no adoptó ninguna resolución.
