Los futbolistas y dirigentes implicados en la compraventa de partidos podrán ser castigados a partir de la próxima temporada con penas de cárcel, como consecuencia de la modificación del Código Penal que acometerá el Gobierno para tipificar como nuevo delito el fraude deportivo. Tras recibir hace ocho meses un proyecto de ley de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, anunció ayer la elaboración de un artículo inédito en el ordenamiento jurídico español, que por primera vez considerará delito el amaño de competiciones y que, además de multas e inhabilitaciones, también establecerá, «de manera similar a lo que se recoge en la ley antidopaje para el entorno del deportista», penas de prisión para quienes se demuestre que están involucrados en casos fraudulentos, entre ellos las primas a terceros. «Vamos a trabajar para que haya tolerancia cero, nula permisividad con el fraude», aseguró Lissavetzky tras la clausura de un seminario en la Universidad Rey Juan Carlos.

Con el fin de evitar casos como el Málaga-Tenerife y el Athletic-Levante, que fueron trasladados por Competición a la Fiscalía para que investigue, y siguiendo los ejemplos de Portugal e Italia, el Ejecutivo espera la aprobación del nuevo artículo, tras su debate en el Congreso, para dentro de dos meses, aproximadamente, con el consenso de todos los grupos políticos, al igual que ocurrió con las leyes antidopaje y contra la violencia y el racismo. «Es necesaria la represión penal contra el fraude. Por primera vez los políticos vamos en paralelo al problema de la sociedad», destacó el portavoz de Deportes del Partido Popular, Francisco Antonio González, minutos antes de que Lissavetzky desvelase el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia.

«Es una de las medidas para que exista una mayor transparencia en el deporte. Con la ley antidopaje han disminuido un 35% los casos positivos y con esta reforma del Código Penal, al contrario de lo que la ciudadanía pueda pensar, creo que sí pasarán cosas», aventuró el secretario de Estado después de firmar un manifiesto contra las conductas fraudulentas en el deporte no sólo con la LFP y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), sino también con los representantes de las ligas y sindicatos de jugadores de baloncesto, balonmano y fútbol sala.