Eusko Alkartasuna cumplió ayer «el compromiso adquirido con la sociedad vasca» y denunció en Estrasburgo al Gobierno español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos «por vulnerar» el derecho fundamental de los vascos a opinar y ser consultados sobre su futuro político. Es decir, por prohibir el plebiscito impulsado por Ibarretxe. Con la demanda, la formación socialdemócrata pretende «forzar» al Ejecutivo a «admitir el derecho a decidir».
Con este paso, EA ha cogido el testigo de la consulta como bandera y ha puesto en evidencia al PNV que, en plena precampaña electoral, pretende pasar de puntillas por un delicado tema que le ha dado verdaderos quebraderos de cabeza dentro de su propio partido. Los jeltzales han optado por aparcar el referéndum, acentuar su perfil moderado y centrarse en la crisis económica. Ha sido Aralar la que ha acusado a la formación de Unai Ziarreta de romper la «unidad de acción», al tiempo que ha mantenido una reunión con los jeltzales para reactivar la presentación de un recurso conjunto en Estrasburgo.
EB, que nunca se ha sentido cómodo en la defensa de la consulta, se ha desmarcado en la primera oportunidad y dice ahora que es una cuestión «entre soberanistas». Ziarreta, que encabezó la delegación a Estrasburgo, compuesta también por el secretario institucional de EA, Rafa Larreina, y el europarlamentario Mikel Irujo, subrayó que le hubiera gustado que otros partidos se hubiesen sumado a la iniciativa, pero les tachó de «marear la perdiz», en referencia al PNV.
En una comparecencia pública en la ciudad francesa, el líder de EA sostuvo que, «llegado el día, la actual posición del Gobierno español será indefendible ante el mundo, verificará su salud democrática y no tendrá más remedio que admitir el derecho a decidir de la sociedad vasca, que no significa más que aceptar que en democracia todos los proyectos se tienen que poder defender y llevar a la práctica si tienen el respaldo de la mayoría».
La impugnación presentada en Estrasburgo contra la sentencia del Tribunal Constitucional, que falló en favor de la prohibición de la consulta, recuerda que el plebiscito no tenía carácter vinculante y su objetivo era recabar la opinión ciudadana. En la demanda, asimismo, se citan otros procesos como los de Groenlandia, Kosovo o el plan de referéndum del Ejecutivo escocés.