Medidas anticrisis | SE DUPLICAN LOS CASOS
El Gobierno vasco «garantizará» un piso de alquiler social a los ciudadanos que sean embargados o desahuciados al no haber pagado la hipoteca o la renta mensual porque la crisis les ha dejado sin empleo. Así lo aseguró ayer el consejero de Vivienda, Javier Madrazo, quien indicó que la medida será de aplicación general, tanto para los inmuebles del mercado libre como para los protegidos. «Se trata de que nadie se quede en la calle por culpa del desempleo sobrevenido», resumió.
Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante los tres primeros trimestres de 2008 se registraron en el País Vasco 656 ejecuciones hipotecarias (383 en Vizcaya, 128 en Álava y 145 en Guipúzcoa). La cifra global arroja una media de 73 embargos al mes y supera ampliamente los 584 que se contabilizaron durante todo 2007. No obstante, a falta de los datos de octubre a diciembre pasados, no se puede descartar que el promedio mensual se incremente hasta niveles desconocidos.
De hecho, si se compara el tercer trimestre de 2008 con el mismo periodo de 2.007 -que arranca justo después de que estallara la crisis de las hipotecas 'subprime' en Estados Unidos-, el aumento de las ejecuciones hipotecarias en Euskadi fue del 110%; es decir, sumaron más del doble. En números absolutos, se contabilizaron 219 embargos, de los cuales 122 correspondieron a Vizcaya; 50, a Álava y 47, a Guipúzcoa.
Con este telón de fondo, agravado por las negras perspectivas de la economía, el Ejecutivo autónomo ha previsto que la solución arbitrada ayer para «los casos extremos» de embargo y desahucio se prolongue inicialmente durante doce meses, aunque podrá prorrogarse durante un periodo similar si la situación laboral y económica del beneficiario así lo exigieran. Además, la medida puede empezar a aplicarse de «forma inmediata», sin que haga falta modificar la legislación.
Orden excepcional
Madrazo explicó que para llevarla a cabo basta con que el Departamento de Vivienda apruebe una orden excepcional, posibilidad que está regulada en el actual decreto sobre vivienda protegida. «Si los bancos no responden, será el Gobierno vasco el que salga al rescate», afirmó el consejero.
No obstante, el líder de Ezker Batua no aclaró si su iniciativa es compartida por todos los socios del tripartito, que están inmersos de lleno en el periodo preelectoral. Y es que las anteriores medidas anticrisis que propuso su departamento -una de ellas, recomprar las viviendas libres en caso de que los titulares en paro no puedan pagar la hipoteca- causaron sorpresa a la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate. Y también pillaron desprevenidas a las cajas de ahorro vascas, que aseguraron no haber sido informadas de la propuesta, a pesar de que, en la operación de recompra y cancelación del préstamo, la consejería de Vivienda les exige que renuncien al 20% del capital principal pendiente de amortizar.
Mientras tanto, el CGPJ, en su boletín de información estadística de diciembre pasado, dibujó un panorama «ciertamente preocupante» para las ejecuciones hipotecarias en España. Desde hace tres años, el aumento no sólo ha sido constante, sino que se ha acelerado notablemente; sobre todo, a partir del punto de inflexión que marcó la crisis 'subprime' al otro lado del Atlántico.
Así, entre 2005 y 2006, año que marca el punto álgido de la burbuja inmobiliaria, los embargos crecieron un 14% en España, pasando de 15.411 a 17.622. Pero en 2007, la subida fue del 47% (25.943). El boletín del Poder Judicial no aporta los datos exactos de 2008, pues le falta el balance del cuarto trimestre. Sin embargo, calcula que, durante todo el año pasado, las ejecuciones hipotecarias pudieron haber experimentado en el conjunto del territorio nacional un espectacular incremento del 107% (53.696).
«Aún más alarmante»
Los servicios estadísticos del CGPJ son bastante pesimistas para este año y el próximo. De acuerdo con sus cálculos, en 2009 se contabilizarán más de 86.600 embargos en toda España, lo que representaría una subida del 61%. Y para 2010 prevén unos 121.000; o lo que es lo mismo, un incremento adicional del 39%. Comparando tan sólo las cifras absolutas de 2007 y 2009 las ejecuciones hipotecarias aumentarían más del triple.
Por si fuera poco, el Poder Judicial advierte de que esas estimaciones se basan en el volumen de asuntos que ingresan en los juzgados; y recuerda que en algunos de esos asuntos podría haber no una, sino varias ejecuciones hipotecarias. De esa manera, el incremento real de los embargos podría ser «todavía más alarmante» que el reflejado por las estadísticas.
La situación no es nada halagüeña en Euskadi, aunque no alcanza los niveles de otras comunidades. Por ejemplo, durante el tercer trimestre de 2008, si los embargos aumentaron un 110% en el País Vasco, en Madrid, Cataluña y Andalucía lo hicieron mucho más (hasta el 178%), con un volumen de pisos afectados que oscila entre los 1.546 de la comunidad madrileña, los 2.480 de Cataluña y los 2.737 de la andaluza.
No obstante, donde más subieron las ejecuciones hipotecarias fue en Navarra, La Rioja y Cantabria, con incrementos del 227,6%, el 292,6% y el 165,5%, respectivamente. En cifras absolutas se traduce en 95, 106 y 146 embargos.
