La Justicia en Euskadi
Los vascos son los ciudadanos que menos litigan en los tribunales de Justicia
Los vascos son los ciudadanos que menos pleitos ponen de toda España. La tasa de litigiosidad de Euskadi ha sido siempre la más baja desde 2005 y se sitúa a gran distancia de la que registran Madrid, Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Mientras que en 2007 el País Vasco contabilizó 126,2 asuntos judiciales por cada cien mil habitantes, la capital de España anotó 216,3, y las comunidades andaluza y levantina se movieron en índices parecidos (212,4 y 210,5, respectivamente). Estas cifras, recogidas en el informe 'La Justicia dato a dato', ponen de relieve la singularidad del País Vasco en las relaciones cotidianas con los tribunales, un rasgo que comparte con La Rioja, la penúltima comunidad en litigios, y con Navarra, que ocupa el puesto doce entre dieciséis autonomías.
Aparentemente, las estadísticas sugieren que los vascos son menos proclives a acudir a los tribunales, pero los magistrados y letrados que ejercen en Euskadi aseguran que la realidad es bastante más compleja. La litigiosidad no es una actitud psicológica ni un rasgo antropológico; depende de los trazos socioeconómicos de la comunidad autónoma y del funcionamiento de sus juzgados, que en líneas generales suelen responder con más de rapidez, «sin que ello signifique que su situación sea óptima», aclaran los jueces. Del mismo modo, en el volumen final de los pleitos también inciden las bajas tasas de delincuencia de las capitales vascas, en comparación con otras ciudades similares, un fenómeno que algunos atribuyen al hecho de que el terrorismo y la 'kale borroka' encauzan una parte de la delincuencia juvenil.
«No creo que aquí exista una 'tradición de pacto' que se remonte varios siglos, como se ha sostenido», advierte Juan Luis Ibarra, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior del País Vasco. A su modo de ver, la la baja litigiosidad de la comunidad autónoma podría atribuirse, en parte, a la existencia de «un tejido industrial, de una cultura de empresa que también se ha proyectado sobre la jurisdicción social, pues los conflictos laborales colectivos reflejan una mentalidad de unión y de definición común de los problemas».
Obviamente, esos conflictos colectivos, así como los acuerdos extrajudiciales en el ámbito mercantil, imposibles de cuantificar, ayuda a reducir de forma objetiva el número de procedimientos de la Justicia, lo que no es desdeñable en periodos de crisis económica como el actual. No obstante, existen otras fuentes de conflictos judiciales. Juan Luis Ibarra recuerda que entre los funcionarios es común presentar reclamaciones contra la Administración de forma individualizada, lo que inunda los juzgados de cientos de procedimientos contenciosos en los que se dirime lo mismo.
Pero, según recuerdan en la Administración de Justicia, el factor más decisivo en el menor número de litigios que registra Euskadi es la tasa de delitos. «Aquí es más baja de lo común si se analiza, por ejemplo, una ciudad como Zaragoza; y no hablemos de Alicante o de Canarias», indica Alfonso González Guija, juez decano de Bilbao. En cambio, en las jurisdicciones civil, contenciosa o social, las diferencias del País Vasco con otros lugares no son tan notables. A la postre, subraya el decano, el ámbito penal es el que contribuye «a reducir el nivel global de litigiosidad de la comunidad».
Y es que es un hecho que en el País Vasco se cometen menos homicidios y delitos graves, y que los crímenes protagonizados por jóvenes son también menos numerosos. «No obstante -matiza Juan Luis Ibarra-, la actividad terrorista absorbe un número de asuntos que se ven en la Audiencia Nacional». Aun así, incluso la tasa de violencia sexista también es inferior en Euskadi a la media española (7,5 crímenes por 10.000 habitantes frente a 8,7), un dato que no puede dejar de lado otra realidad acuciante: el reciente repunte de la criminalidad vinculado a la recesión económica y a la mayor conflictividad social.
Sin embargo, el volumen de asuntos que los jueces vascos encuentran encima de la mesa también depende de una variable 'técnica': como los órganos judiciales de la comunidad resuelven los procedimientos en menos tiempo, también se reduce de forma paralela la avalancha de papeleo que caracteriza a los pleitos que se alargan indefinidamente, en ocasiones por el interés de una de las partes. Aquí influyen mucho las inversiones del Gobierno vasco en medios materiales (los planes organizativo e informático de la Justicia vasca están dotados con 160 millones de euros). Pero, advierte Juan Luis Ibarra, también ayuda el que los juzgados estén razonablemente cubiertos gracias a los jueces interinos pagados por la Administración central.
Círculo vicioso
A pesar de «las leyendas urbanas» que circulan sobre la Justicia interina, los resultados se aprecian en los informes del Consejo General del Poder Judicial. «El tiempo de respuesta para los asuntos civiles es de 5,3 meses en Euskadi, mientras que la media del Estado es de 7,4», afirma Inmaculada de Miguel, directora de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno vasco. «Como ex abogada -prosigue- puedo decir que, cuando un órgano judicial va retrasado, se generan más escritos. Es un círculo vicioso. Si se confía en un juzgado, se espera, pero si el retraso es grande, entonces se meten más y más escritos».
De Miguel no cree que la litigiosidad sea más baja en Euskadi porque los vascos sean más acomodaticios. «Quizá exista cierta tendencia a llegar a acuerdos antes de enredarse en la vía judicial, pues, a fin de cuentas, aquí nos conocemos todos. Pero sobre todo, el funcionamiento institucional de los juzgados está más normalizado», subraya.
Ahora bien, el País Vasco no escapa a ciertos procesos que atascan los tribunales sin que esté muy claro el beneficio que reportan a los litigantes. El pleito más sencillo cuesta a la Administración de Justicia entre 2.000 y 3.000 euros; sin embargo, «¿cuántas reclamaciones rebasan los 3.000 euros?», se pregunta Juan Luis Ibarra. El magistrado indica que se han popularizado las demandas contra las administraciones públicas por las caídas en la acera. «Y otro 'clásico' de la jurisdicción contenciosa es el servicio de los polideportivos», comenta. Los jueces no ocultan que a la Administración le sale más barato que le pongan un 'pleito bagatela' que crear un servicio para atender debidamente las quejas de los ciudadanos.
«Tenemos que reflexionar a fondo sobre todo lo que llega al sistema judicial y preguntarnos si realmente deberían entrar algunos asuntos -propone Inmaculada De Miguel-. Me refiero a las pequeñas reclamaciones, a las faltas...». Ella es partidaria de realizar «un estudio sensato» para delimitar las cuestiones de cierta entidad. «Sin embargo, esa reflexión no parece estar de moda».
