01.02.09 -
JESÚS FERRERO
P ara resolver un problema lo primero que debe hacerse es reconocer su existencia. El Gobierno lo ha hecho con retraso, y a medias. El 17 de enero presentó la Actualización del Programa de Estabilidad, en el que reconoce lo evidente: España está en recesión. Pero, quizá para infundirnos ánimos, también añade que a partir del próximo semestre comenzaremos a ver la luz. A los pocos días la Comisión nos aguó la fiesta diciéndonos que la recesión no sólo iba a ser más profunda, sino, lo que es peor, su salida seguía sin estar nada clara -según sus previsiones en 2010 el PIB descenderá otro 0,2% y la tasa de paro se irá al 18,7%-. En este deprimente entorno la que sí parece tenerlo claro es nuestra vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, asegurando que la recesión pasará de largo en Euskadi. No es de la misma opinión la Fundación de las Cajas, que para este año nos vaticina una caída del valor añadido bruto del 1,2%.
Después de reconocer el problema es preciso hacer el diagnóstico. Y el Gobierno no parece estar por la labor, ya que se empecina en ocultar nuestras miserias con el manto protector de la crisis internacional. Es cierto que nuestra dependencia del ahorro exterior nos hace más vulnerables a las turbulencias existentes en los mercados financieros. Pero no es menos cierto que esa dependencia ha sido fruto de un modelo de crecimiento poco competitivo, basado en el dinamismo de la construcción y de algunos servicios de escaso valor añadido. Con el paso del tiempo los desequilibrios se hicieron insostenibles, lo cual no pareció inquietar al Gobierno. Ahora, cuando las condiciones son más adversas, debe corregirlos sin recurrir a la devaluación, que tiene vetada por nuestra pertenencia al área del euro. Todo ello provoca una dramática destrucción de empleo, que a su vez origina un creciente malestar social.
Tras el diagnóstico del problema viene la cura. El Gobierno ha optado por la vía fiscal, añadiendo a la labor de los estabilizadores automáticos una serie de medidas discrecionales. La eficacia de estas últimas probablemente sea reducida, debido a su heterogeneidad. Se ha apostado por la vía aparentemente indolora del gasto, sin una política de austeridad que le dé coherencia. Algunas subidas salariales aplicadas a funcionarios son un ejemplo de esa falta de coherencia. Y lo mismo cabe decir de la maraña de sociedades autonómicas y locales en continua expansión. Como ha reconocido el vicepresidente Pedro Solbes ya hemos agotado el margen disponible -se espera que en 2009 el déficit público supere el 6,0%-. Y todavía quedan pendientes las posibles consecuencias de una eventual crisis bancaria, algo que no cabe descartar considerando la escalada de la tasa de mora en bancos y, sobre todo, en cajas.
El mayor reproche que puede hacerse a esta terapia es la falta de un hilo conductor que enlace con los lastres profundos de la economía. Necesitamos recuperar el potencial de crecimiento, a fin de absorber la colosal bolsa de paro. Y esto es algo que sólo se consigue adoptando reformas encaminadas a mejorar la competitividad. El catálogo es conocido y afecta a ámbitos tan diversos como vivienda, energía, educación o laboral. Quizá alguien se pregunte: si es cierto, ¿por qué no se lleva a cabo? Una primera causa de carácter general es que esas reformas exigen sacrificios, que ahora con la crisis resultan más difíciles de sobrellevar. Pero en nuestro caso existe además una segunda: la mayoría de las competencias para ponerlas en práctica están repartidas entre el Estado y las comunidades autónomas. Y ese reparto con frecuencia se ha hecho de manera frívola, sin analizar sus efectos sobre la unidad de mercado.
No sabemos cuándo acabará la crisis, pero sabemos, al menos, qué hacer. El fin de la 'era del ladrillo' exige reformas que apuesten por el largo plazo. En caso contrario podemos adentrarnos en una dilatada fase de débil crecimiento, tal y como le sucedió a Italia hace ya más de una década. Pero también exige líderes que digan la verdad y que tengan voluntad de cooperar. Felipe González pronunció en su día una frase que cobra hoy todo su sentido: «No se sabe cuál es la calidad de un gobernante hasta que no se enfrenta a una crisis». No cabe extrañarse, por tanto, de que se añore el espíritu que hizo posible los Pactos de la Moncloa. Políticos tan alejados ideológicamente como Adolfo Suarez, Felipe González o Juan Ajuriaguearra supieron aparcar sus diferencias, impidiendo así que la crisis ahogase la democracia. Quizá la encrucijada en que nos hallamos no sea tan distinta a la de entonces.
España se encuentra en una difícil encrucijada. Necesitamos líderes que nos digan la verdad y que sepan cooperar. Líderes que miren más allá de las próximas elecciones
