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El Gobierno y las autonomías buscan fórmulas para que los alumnos recuperen las clases perdidas
Un estudiante, durante una clase de Educación para la Ciudadanía./ E. C.
¿Qué pasará a partir de ahora con los alumnos objetores de Educación para la Ciudadanía? El fallo del Tribunal Supremo lo ha dejado meridianamente claro. No cabe la objeción contra la controvertida asignatura. Para la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, el dictamen contiene también una lectura diáfana: los alumnos tienen obligación de cursar la materia y, por ende, deben volver a clase a estudiar la asignatura. Tanto los que contaban con un primer respaldo judicial de los tribunales superiores autonómicos como los que no.
Por ello, el Ministerio de Educación se pondrá en breve manos a la obra para buscar con las consejerías de Educación de las comunidades las fórmulas que permitan a los objetores «ponerse al día» de la asignatura. El abanico de posibilidades que se puede abrir abarca, entre otras posibles, desde dar clases de recuperación o de refuerzo hasta convocar exámenes extraordinarios, si bien son las Administraciones autonómicas las que, en última instancia, decidirán como actúan, toda vez que tienen asumidas competencias plenas en materia educativa. A ello se une el respeto al principio de autonomía de cada uno de los centros escolares.
El ministerio expondrá las medidas que considera más convenientes y razonables. Su filosofía es que se buscarán soluciones 'individualizadas', caso por caso, toda vez que son los respectivos centros escolares quienes las conocen mejor que nadie y ya que el número de objetores a los que afecta son poco más de 400. De ellos, unos 150 contaban ya con una sentencia favorable para no cursar la materia y el resto, unos 280, tenían medidas cautelares hasta conocer la sentencia del Supremo. En teoría, estos últimos podrían esperar hasta que los tribunales y juzgados que concedieron esas medidas cautelares las revoquen, aplicando la doctrina del Supremo.
Sigue el revuelo político
Algunas autonomías que se han caracterizado por proteger a los objetores, como Madrid y La Rioja, acatan la sentencia y sus respectivas consejerías de Educación trasladarán en breve a los colegios con objetores el contenido de la sentencia para indicarles que actúen en consecuencia. Sin embargo, algunos padres siguen manteniéndose firmes en que sus hijos no tienen que ir a clase.
El esperado dictamen del Supremo no ha serenado, sin embargo, el revuelto panorama político. El PP cargó ayer contra Mercedes Cabrera, a la que acusó de conocer previamente el fallo del alto tribunal. ¿La prueba? Salió a la palestra pública, según el principal partido de la oposición, en unos vídeos colgados en Youtube que estaban grabados previamente a que fuera hecha pública la sentencia.
Sáenz de Santamaría, portavoz del Grupo Popular, anunció que pedirán en el Congreso las cintas para conocer «las circunstancias de la grabación y qué llevó a la ministra a enlatar las declaraciones». Insistió en que, a la espera del contenido de la sentencia, «lo que persigue el PP es defender que los menores reciban una formación de acuerdo a lo que los padres deseen, y a que no tengan ningún tipo de adoctrinamiento».
