29.01.09 -
Luis Alegre y Rafael Federío, en una rueda de prensa. / R. LAFUENTE
El consejero de Educación, Luis Alegre, y el director general de Ordenación e Innovación Educativa, Rafael Federío, analizaron ayer las primeras informaciones conocidas sobre la sentencia del Tribunal Supremo acerca del derecho de que se reconozca la objeción de conciencia para no cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
«En estos momentos sólo conocemos que el Supremo ha decidido que no se puede objetar contra la asignatura», señaló Alegre, quien manifestó que el Gobierno de La Rioja «acata» la sentencia. Sin embargo, el consejero pidió «prudencia» hasta que se conozcan los pormenores del fallo del Tribunal Supremo y recordó que, además, «sólo analiza cuatro casos concretos», ninguno riojano.
Desde Educación se da importancia al hecho de que se aborden recomendaciones «para evitar el adoctrinamiento de los niños» y al hecho de que se deje la puerta abierta a los padres para que, con otros planteamientos jurídicos, puedan plantear en un futuro la objeción de conciencia.
No obstante, el consejero manifestó que en la Consejería «entendemos, a priori, que los alumnos deben cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía».
Inasistencia
En La Rioja hay 136 estudiantes afectados por la resolución del Supremo, ya que se resolvió favorablemente su derecho a la objeción contra la asignatura. El consejero estimó que, si continúan sin acudir a clase, se trataría el caso «como una inasistencia», aunque hasta que no se conozca la sentencia al detalle no se tomarán decisiones sobre ello. No obstante, dejó claro que la Consejería será «escrupulosamente respetuosa con los derechos de las familias y con aquellos padres que decidan recurrir la sentencia».
Alegre consideró «un grave error» la forma en que se ha implantado esta asignatura «necesaria», porque «ha judicializado la Educación».
