GENERAL
El Ejecutivo autónomo considera que la decisión judicialavala la obligación de los alumnos de asistir a clase
LA MATERIA EN EUSKADI
La Plataforma por la Objeción de Conciencia a Educación para la Ciudadanía en el País Vasco, que agrupa a 800 familias, considera que la sentencia abre la puerta a que el Tribunal Supremo controle los contenidos de esta materia. Los portavoces del colectivo detallaron que la primera lectura de la decisión judicial apunta a que los jueces marcarán los límites de lo que se puede enseñar en «el ámbito constitucional». «Por ejemplo, se podría tratar sobre derechos humanos, pero no asuntos como el aborto o los matrimonios homosexuales, sobre los que no hay consenso social ni están fijados en la Constitución», detallan.
La asignatura se imparte en Euskadi desde este curso. Una docena de familias han presentado un recurso contra la materia en los juzgados y otros 400 alumnos se han declarado objetores en los colegios vascos. Sin embargo, sólo 40 acuden a las clases de Secundaria y Primaria en los que hay que dar Ciudadanía por lo que son los únicos a los que les afecta en estos momentos la decisión que tomen los tribunales.
Los responsables de la plataforma no creen que el dictamen acabe con el derecho a objetar. «Establece que habrá que revisar cada caso concreto», opina su portavoz, Iñigo Urien. El colectivo esperará a estudiar la sentencia a fondo antes de hacer una recomendación a los objetores vascos, y adelanta que están dispuestos a recurrir al Tribunal Constitucional y al de Estrasburgo. «Mientras tanto pueden seguir sin entrar a clase», apunta.
Consenso
El Gobierno vasco considera que la sentencia del Tribunal Supremo avala la obligación de los alumnos de dar Educación para la Ciudadanía. De hecho, la propia ministra de Educación, Mercedes Cabrera, adelantó ayer que el Ejecutivo central hablará con las autoridades educativas de las comunidades para que los escolares objetores se incorporen a las aulas, y pidió a los padres que lleven a sus hijos a clase.
Responsables del área que dirige Tontxu Campos reiteraron, como desde el comienzo de la polémica, que esta materia es «obligatoria» al estar regulada por una «norma básica del Estado», la Ley Orgánica de Educación (LOE). Por ello, los alumnos que no vayan a clase suspenderán.
La asignatura de Ciudadanía está incluida en el currículum vasco. «Los programas que se imparten en Euskadi cuentan con el consenso de la comunidad educativa», señalaron desde Educación, que destacó que los colegios tienen libertad para adaptar la materia a sus programas. En esta línea, el PNV celebró la sentencia. «Confirma lo que nosotros ya teníamos claro: que el currículum vasco, en cuanto a la asignatura de Ciudadanía, no vulnera la libertad ideológica o el derecho de los padres a elegir la formación moral de sus hijos».
