29.01.09 -
Mercedes Cabrera, ministra de Educación, saludó como «el final de una batalla política» el pronunciamiento del Supremo. «La sentencia confirma que no hay derecho a la objeción de conciencia. Confirma que es una asignatura como cualquier otra y no vulnera en absoluto el derecho de los padres. Se ha puesto fin a los intentos de hacer de esta materia y de los colegios un campo de batalla político y deja claro que ningún gobierno ni administración educativa puede incumplir las leyes», señaló. Cabrera pidió a los padres objetores que «atiendan» a este fallo judicial, que es «muy claro», y los invitó a «pasar página» y a entender el valor de los contenidos de la asignatura.
El mensaje, sin embargo, no cuajó entre los cerca de 50.000 detractores de Educación para la Ciudadanía. «Los alumnos objetores podrán seguir faltando a clase hasta que haya una decisión judicial firme», aseguraron ayer organizaciones de padres católicos y centros de enseñanza privada, que piensan recurrir la sentencia del Supremo ante el Tribunal Constitucional y «hasta la misma ONU».
Así lo aseguraron en una rueda de prensa conjunta los portavoces de las asociaciones de padres de alumnos Concapa y Cofapa, la patronal de la enseñanza privada Cece, el Foro Español de la Familia, Profesionales por la Ética, Hazte Oír y los centros de enseñanza universitarios San Pablo Ceu.
El Partido Popular respaldará las iniciativas que quieran adoptar los padres que objetan contra EpC y seguirá «dando la batalla política» contra el «adoctrinamiento de nuestros hijos» y el «recorte de libertades en las aulas de los colegios» que supone esta asignatura, según el diputado Alfonso Alonso.
Mientras, el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, confió en que el PP pida disculpas por su «innoble» campaña contra la asignatura y le instó a corregir «sus desmesurados excesos verbales» contra una materia que decían que era «un adoctrinamiento y un ataque a la libertad de expresión». IU, a través de Gaspar Llamazares, aseguró que el dictamen confirma que «prevalece el Estado aconfesional y laico frente al nacional-católico y autoritario».
