Las personas mayores dispondrán el próximo año de 2.500 nuevas plazas en residencias y de otras 588 en centros de día. El 60% de las primeras serán gestionadas por organismos públicos o concertados, mientras que esa proporción se elevará al 80% en las segundas. Así se desprende de un plan aprobado ayer por el Gobierno vasco -en su consejo de los martes- para desarrollar las líneas estratégicas de la nueva Ley de Servicios Sociales.
El plan será financiado esencialmente por las diputaciones, en menor medida por los ayuntamientos y de forma reducida por el Gobierno vasco. Entre este año y el próximo requerirá casi 400 millones de euros, de los cuales 164,2 se gastarán en 2009 y otros 235,4 millones, en 2010. Durante el pasado ejercicio se desembolsaron 96,6 millones.
El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, recordó que esas inversiones pretenden hacer frente «al progresivo envejecimiento» de la población vasca -el 19% será mayor de 65 años en 2010-, así como a los cambios en la familia tradicional y a las transformaciones que traerán consigo la inmigración y el desempleo y la pobreza.
Según Madrazo, el plan aprobado ayer facilitará la transición hacia la filosofía planteada por la Ley de Servicios Sociales, que pretende que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de los recursos públicos, sean cuales fueren sus medios económicos.
Ayuda a domicilio
El primer eje del plan -con un coste global de 471 millones entre 2008 y 2010-, está enfocado a mejorar el acceso a los recursos sociales y también «la calidad de vida de la población». Amplía la cobertura e intensidad de los servicios, de modo que haya más ciudadanos atendidos, que la oferta de prestaciones aumente y que los servicios sociales de base tengan más personal. En este sentido, además del incremento de las plazas residenciales y de las de atención diurna, se reforzarán los servicios de ayuda a domicilio y las plantillas de profesionales.
El titular de Asuntos Sociales explicó que otra tarea pendiente es articular el denominado Sistema Vasco de Servicios Sociales, un objetivo para el que será necesario aprobar en 2010 decretos sobre la cartera de prestaciones y servicios, y sobre la participación económica de los usuarios en la financiación del sistema (copago). Igualmente será necesario sacar adelante otra norma para regular los recursos de atención a personas con discapacidad.
Madrazo recordó que el plan para desarrollar la Ley de Servicios Sociales prevé la participación de los usuarios, una mayor calidad de las prestaciones y la creación de un observatorio para realizar estudios.