El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impedirá que Askatasuna y D3M, las dos marcas auspiciadas por la izquierda radical, estén presentes en las elecciones autonómicas del 1 de marzo. El Ejecutivo impugnará las listas que ambas marcas han presentado en las juntas electorales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya a través de la Fiscalía General y la Abogacía del Estado para que no se repita en la próxima legislatura un caso similar al de EHAK en los últimos cuatro años.
El Gabinete socialista mantiene «desde hace meses» un equipo especial de coordinación entre sus servicios jurídicos y el Ministerio de Interior con el objetivo de impedir cualquier candidatura que tenga conexiones con la ilegalizada Batasuna. Ambos departamentos consideran que tanto Demokrazia Hiru Milloi como Askatasuna tienen vínculos evidentes con la coalición que dirigía Arnaldo Otegi y que el Tribunal Supremo dejará a ambas plataformas fuera del juego electoral.
El 'número dos' del PSOE en el Congreso, Ramón Jáuregui, ofreció ayer algunas pistas de la línea de actuación que el Gobierno va a poner en práctica para frenar cualquier intento por parte de ETA de tener una marca en el Parlamento autonómico. Aseguró que el Ejecutivo va a impugnar las dos candidaturas de la izquierda radical para que «no aparezcan en estas elecciones» y se mostró confiado en que los recursos salgan adelante. «No podemos aceptar -señaló en una entrevista en Radio Euskadi- que mientras (estas formaciones) hacen política, tengan un adjunto o un amigo escondido que mata al adversario».
Tres vías de actuación
La percepción instalada en el Gabinete de Zapatero es que la experiencia de hace cuatro años, cuando Batasuna impulsó una lista contaminada y otra blanca -Aukera Guztiak y EHAK-, favorecerá el que no se 'cuele' esta vez ninguna marca que esté «sometida a ETA». «La estrategia de dos opciones ya es conocida y las dos candidaturas van a ser impugnadas», reiteró Jáuregui.
En este sentido, consideran que el auto del juez Baltasar Garzón por el que se decretó el lunes prisión para ocho acusados de intentar reconstruir la estructura de Batasuna aporta suficientes datos como para que prospere cualquier recurso contra Askatasuna y D3M. El magistrado de la Audiencia Nacional afirma que ambas formaciones son las nuevas «marcas de ETA» y que las dos están subordinadas a la organización terrorista.
Un aserto que deja abierta la posibilidad de iniciar un procedimiento penal por el que se decrete la suspensión de actividades de las dos plataformas al entenderse que sus integrantes tratan de dar cobertura institucional a la banda, lo que conllevaría un presunto delito de colaboración o integración en organización terrorista. Fuentes jurídicas consideran que esta vía puede ser muy oportuna en el caso de Askatasuna, partido legal inscrito en el Registro del Ministerio de Interior desde 1998 y que ya tomó parte en las autonómicas de 2001.
Fiscalía y Abogacía del Estado barajan esta opción así como otras dos para bloquear a Askatasuna y D3M en su camino hacia las urnas. Como primera posibilidad figura acudir por la vía de lo contencioso-administrativo a las juntas electorales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa para que se anularan sus respectivas listas. Otra opción sería la de tocar la puerta de la Sala del 66 del Tribunal Supremo -la que se encarga de la Ley de Partidos- y demandar que se anulen esas candidaturas.
Para sustentar con datos cualquiera de esos caminos jurídicos las Fuerzas de Seguridad llevan semanas analizando cualquier clase de vinculación económica de las dos plataformas de la izquierda radical con las marcas que las han precedido y que han sido anuladas como sucesoras de Batasuna. En este aspecto se están cotejando los nombres de los integrantes de esas listas con los de quienes aparecen en facturas de alquileres de locales, publicidad o campañas anteriores.