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Anuncia un aumento del 30% de los fondos para modernizar la Justicia, pero los magistrados mantienen los paros
El ministro de Justicia mantuvo ayer una reunión con las cuatro asociaciones judiciales. / EFE
El anuncio del Gobierno de incrementar un 30% los fondos para modernizar la administración de Justicia no logró desactivar las medidas de protesta de los jueces: las protestas del 18 de febrero y la posible convocatoria de una huelga el 26 de junio. Tras más de seis horas de reunión entre el ministro Mariano Fernández Bermejo, miembros de su equipo y los representantes de las cuatro asociaciones judiciales, las espadas siguen en alto, pese a las buenas palabras y el ambiente «constructivo» que dejó el encuentro.
Fue una primera toma de contacto en la que se debatieron todas las reivindicaciones de la judicatura, que se llevó debajo del brazo mejoras sustanciales en nuevas tecnologías y un calendario cerrado para su aplicación. En cambio, las discrepancias siguen vigentes en cuanto a la agenda de señalamiento de las vistas, cuya competencia los jueces no quieren perder porque suponen el motor del trabajo de los juzgados y tribunales.
La reunión estuvo marcada por las medidas para modernización el funcionamiento de la administración de Justicia. Fue lo que más tiempo consumió de la jornada negociadora de ayer y donde se produjeron algunos avances significativos. Los 20 millones de euros añadidos al presupuesto inicial dedicado a nuevas tecnologías, 72 millones, fue la principal novedad presentada por Fernández Bermejo, para el que supone un esfuerzo económico «importantísimo» en un contexto de crisis.
Compromisos ya sabidos
El ministro destacó que con este fondo se permitirán acortar los tiempos para informatizar el trabajo de los funcionarios y puso una fecha, 31 de diciembre de 2009, para que todos los juzgados y tribunales dispongan de un sistema de comunicación telemático. Para su implantación tiene prevista una partida de 5 millones de euros y trabajar con las comunidades autónomas para que todos los empleados de la justicia conozcan su funcionamiento.
El ministro asumió otros compromisos ya sabidos, como suprimir el traslado forzoso cuando un juez pasa a ser magistrado, a los tres años de carrera; arbitrar un sistema adecuado y eficaz de sustituciones judiciales o la formación continua de todo el personal.
Donde no hubo acuerdo, pero si consenso para dejarlo aparcado, fue el asunto de la mejora de la retribución de los jueces. En cambio, la distancias «siguen siendo siderales» en la competencia de la agenda de señalamientos de los juicios, que con la reforma que impulsa el Gobierno recaerá en los secretarios judiciales. Fernández Bermejo reconoció las diferencias, pero admitió que su posición «no es dogma de fe» y emplazó a las asociaciones a debatirlo en el Parlamento, en donde se encuentra la reforma procesal en la actualidad.
