La operación coordinada ayer por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es la tercera llevada a cabo por el magistrado contra las estructuras de la izquierda abertzale desde que ETA rompió la tregua. Las intervenciones policiales han supuesto en la práctica el descabezamiento de la dirección de Batasuna, la desaparición de la mesa nacional como núcleo director de la formación y una cada día mayor clandestinización de todas las actividades de Batasuna.
Las operaciones, además, se han realizado en un momento en el que, una vez fracasado el alto el fuego, la dirección de la izquierda abertzale estaba siendo asumida por Ekin, el sector más ortodoxo y radicalizado. La primera redada tuvo lugar el 4 de octubre de 2007 en Segura, donde la mesa nacional celebraba una reunión en la casa de cultura. En aquella ocasión fueron arrestado 21 dirigentes de la formación, entre los que se encontraban Mikel Zubimendi, Juan José Petrikorena, Joseba Permach o Rufi Etxebarrria. Unos días después, la propia Batasuna aseguró en un comunicado que la operación le había «hecho daño», un reconocimiento inusual en una organización acostumbrada a minimizar los efectos de las operaciones policiales para no mostrar debilidad.
El 4 de febrero siguiente se produjo la segunda operación de calado contra los restos de la mesa nacional con la captura de catorce dirigentes, entre los que se encontraban Carmelo Landa y Eusebio Lasa. Para entonces ya había sido encarcelado el mahaikide Pernando Barrena, quien hasta ese momento había actuado como portavoz de la organización.
Las sucesivas investigaciones policiales permitieron localizar movimientos claves de la izquierda abertzale, en especial, una serie de traspasos económicos en distintas cuentas bancarias. Uno de los datos que se descubrió en ese momento fue el envío por parte del grupo parlamentario de EHAK de 189.000 euros a distintos miembros de la organización. Parte de estas cantidades fue remitida posteriormente a sucursales bancarias en países europeos como Francia o Bélgica.
Suelo francés
A finales del año pasado, Batasuna conservaba su actividad legal en Francia. De manera sopresiva, las autoridades galas llevaron a cabo una operación contra la formación en sus oficinas del País Vascofrancés en la que fueron detenidas once personas. Parte de las pesquisas se habían sustentado en las peticiones de información realizadas por el juez Baltasar Garzón a sus homólogos galos para seguir el rastro del dinero de EHAK. Los dirigentes vascofranceses de Batasuna quedaron en libertad sin cargos tras pasar por dependencias policiales