L a EPA del último trimestre aporta un nuevo aluvión de datos sobre el empleo. Es decir, un nuevo aluvión de amarguras y decepciones. Seguimos batiendo récords en el nefasto deporte de la destrucción de empleo, en el que ocupa su atención la economía española. La tasa de paro se nos ha ido hasta el 13,91%, la más alta lograda en los últimos nueve años; el paro atrapa ya a 3.207.900 personas, algo que no habíamos visto desde 1998; y hemos destruido en el año 620.000 empleos, una cifra sin referentes desde que en 1976 empezó a elaborarse la EPA. De todos ellos, 489.000 se perdieron en el último trimestre, lo que nos da una idea perfecta de la aceleración de la crisis y nos lleva a perder la cota mágica de los 20 millones de ocupados. Acabo con el suplicio. El número de hogares en los que todos sus miembros están en paro crece un 87,28% hasta los 827.000.

La situación de deterioro alcanzada por nuestro país y la velocidad adquirida en el proceso sobrepasa cualquier límite de lo que puede considerarse admisible. El Gobierno se conforma con asegurar que las medidas de apoyo a los ayuntamientos, canalizadas hacia la obra pública 'de cercanías', creará 200.000 puestos de trabajo a partir de marzo. No es verdad. Dará trabajo a 200.000 personas, que no está nada mal, pero no es lo mismo. Ahí no hay puestos de trabajo, hay ocupación para quien no la tiene. Es un buen ejercicio de la solidaridad social y sirve como medida paliativa, pero necesitamos empleos más productivos y mucho más permanentes. Y, aparte de esas disquisiciones terminológicas, si mantenemos el ritmo actual de destrucción, los 200.000 empleos no nos arreglan ni un mes. Por eso carece de explicación lógica la injustificable demora y la ausencia de avances en el proceso del diálogo social. Ni el Gobierno ni los agentes sociales están hoy y aquí a la altura de las circunstancias.