reforma judicial
22.01.09 - 16:53 -
La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo./ Efe
Zapatero: «Convocar una huelga no parece el camino lógico»
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha leído una 'declaración institucional' referida al resultado de las juntas celebradas ayer en los órganos judiciales de toda España en la que se "lamenta que una minoría de la carrera judicial" haya manifestado su voluntad de adoptar medidas de presión, en alusión a la convocatoria de una huelga para el próximo 18 de febrero.
El órgano de Gobierno de los jueces entiende que la decisión adoptada en dichas juntas, entre ellas las de los órganos unipersonales de Madrid, Barcelona o Sevilla, es "precipitada" y podría dejar "indefensos" a los ciudadanos en su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
"Es difícilmente comprensible una postura tan drástica en esta etapa crucial de negociación, en la que el Consejo está trabajando intensamente, junto con las asociaciones judiciales, los órganos de gobierno del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, en pos de un profundo proceso de modernización de la Justicia", reza la declaración.
En busca del consenso
Durante una rueda de prensa ofrecida en la sede del Consejo, Bravo ha destacado que "la inmensa mayoría de los jueces y magistrados de este país sigue optando por la vía de la responsabilidad institucional y el diálogo", en alusión al apoyo obtenido en la mayor parte de los órganos (sobre todo los colegiados) a la propuesta de las asociaciones judiciales, consistente en retrasar la huelga al mes de junio y realizar concentraciones el 18 de febrero.
El texto subraya la "absoluta determinación" del CGPJ para seguir trabajando, en busca del consenso. Tras su lectura, Bravo reiteró que confía en la "responsabilidad y profesionalidad" de los miembros de la Carrera judicial. A este respecto, ha añadido que está convencida de la "la absoluta disposición del Gobierno" de dar señales de confianza a la Carrera judicial durante la reunión que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, mantendrá con los representantes de las asociaciones judiciales el próximo lunes.
Garantizar los servicios minímos
Por ello, Bravo no ha aclarado quien debe ser el responsable de imponer los servicios mínimos si finalmente se realiza la huelga. "No contemplamos aún el escenario de la huelga, estamos convencidos en que no habrá por el interés del Gobierno en aportar soluciones".
Tampoco está previsto propiciar la asistencia a la reunión del lunes -y a un segundo encuentro entre el CGPJ y las asociaciones de jueces fijado para el 2 de febrero- de jueces no asociados que representen las posturas más duras y proclives a realizar paros el próximo mes. "Estamos convencidos de que las demandas de unos y otros son coincidentes, por ello no entendemos que se precise la representación de quienes sí quieren huelga el día 18 de febrero", ha explicado Bravo.
Preguntada si el texto de la declaración había sido votado y aprobado en alguno de los órganos del CGPJ (el Pleno o bien una Comisión convocada ex profeso), Bravo ha asegurado que su contenido es fruto de reuniones celebradas el día de hoy entre varios vocales y que su difusión había sido decidida por el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar.
