V ivimos tiempos de crisis generalizada. El empleo sangra por sus heridas, el paro crece a borbotones, las Administraciones públicas cabecean bajo las demandas de ayuda que les llegan por doquier, las empresas se aprietan los machos hasta hacerse moratones y los sindicatos se afanan por defender los puestos de trabajo y ya, en el desideratum, la capacidad adquisitiva de los salarios, aunque no siempre lo consiguen. Por eso, la coincidencia en el tiempo de una subida inusual, que trastoca los usos y costumbres del Gobierno vasco, con la celebración de las próximas elecciones abre la puerta a interpretaciones nada favorables. Y, desde luego, si no es así, alguien debería tomarse la urgente molestia de explicarlo y aportar los argumentos que justifican el cambio.

Aún evitando la malicia de la coincidencia, es un movimiento difícil de explicar. La patronal no lo entiende y lo califica de «gran avería» y de «referente negativo». Viniendo de alguien tan juicioso y tan parco en la crítica como es el Sr. Lazpiur, debemos considerarla una opinión muy severa. En 2008, en el País Vasco, desaparecieron un total de 18.600 empleos. ¿Cómo valorarán la noticia quienes los ocupaban? Los dineros públicos son siempre escasos y las necesidades numerosas y acuciantes. Por eso es necesario priorizar y, precisamente por ello, resultaría un escándalo utilizarlos para satisfacer conveniencias particulares de los gobernantes. Con independencia de la justicia laboral de la subida, es evidente que la seguridad en el empleo de la que disfrutan los funcionarios públicos les atrasa muchos puestos en la inmensa lista de las prioridades sociales actuales. Máxime, cuando la jornada de 35 horas, o menos, se ha convertido en una quimera para el común de los mortales.