GENERAL
Las entidades financieras vascas muestran su «sorpresa» ante una medida que aseguran desconocer
La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, corrigió ayer a Javier Madrazo al advertir de que el plan de recompra de pisos a personas en paro cuya puesta en marcha ha anunciado el consejero de Vivienda «aún está por definir» y forma parte de un proyecto «en el que se seguirá trabajando». «No sé si se podrá hacer o no antes de las elecciones» del 1 de marzo, proclamó. Las principales entidades financieras de Euskadi, a las que la iniciativa reserva un papel crucial -ya que deben renunciar a un 20% del crédito pendiente de amortización, así como a los intereses y comisiones, para que el Ejecutivo se haga con la propiedad de casas para evitar que sean embargadas-, mostraron su «sorpresa» ante una acción que dijeron desconocer, al menos oficialmente.
Madrazo dio a conocer el pasado lunes un programa para impedir que los trabajadores afectados por despidos colectivos o expedientes de regulación se vean desahuciados por no poder afrontar el pago de su hipoteca. El plan, que ya está en vigor, según afirmó el líder de Ezker Batua, prevé que el Gobierno vasco se haga con la propiedad del inmueble y lo ofrezca en alquiler a su antiguo dueño, con la posibilidad de que éste lo recupere si mejora su situación en el futuro. De ese proyecto -explicó- podrán beneficiarse personas que lleven un mínimo de tres meses en paro y cuyos ingresos en el último año sean inferiores a 22.000 euros. La vivienda debe ser su residencia habitual -el afectado no puede ser dueño de otra- y haber sido adquirida por menos de 275.000 euros. Cuando se realiza la operación, quedará sometida para siempre al régimen de protección oficial.
La iniciativa, que también contempla subvenciones al alquiler, incluye «medidas pioneras y progresistas que no se ha atrevido a poner en marcha ningún otro Gobierno», subrayó Madrazo, quien apuntó que la regulación se apoya en el decreto sobre viviendas de protección oficial (VPO) y no necesita otro soporte legal.
«Se sigue trabajando»
Sus palabras fueron enmendadas ayer por la portavoz oficial del Ejecutivo. Miren Azkarate señaló, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que esas posibles actuaciones forman parte de un paquete pendiente de aprobación «en el que está trabajando Vivienda y en el que se seguirá trabajando». «Ya se verá qué instrumento legal se precisa» para aplicarlas, añadió. «En su momento, cuando todo esté definido y tenga el último O.K., lo trasladaremos convenientemente», apuntó. La responsable nacionalista eludió asegurar que el plan esté listo antes de las elecciones. «No lo sé. Lo que sí está claro es que estamos volcados en medidas para ayudar a la ciudadanía a hacer frente a la crisis», manifestó.
La iniciativa sólo se puede llevar a cabo si el banco o caja donde se formalizó la hipoteca que pesa sobre el piso renuncia «por escrito» a un 20% del crédito pendiente de amortización, así como a los intereses y a las comisiones de cancelación que pudieran existir para que el Gobierno vasco la recompre. Madrazo admitió que no se ha firmado aún ningún convenio con las entidades financieras, a las que emplazó a «asumir su responsabilidad, pues han sido las culpables de la actual situación económica».
Las principales cajas de ahorro vascas, consultadas ayer por EL CORREO, aseguraron no tener ninguna constancia oficial del proyecto. Una de ellas admitió conocer el asunto porque surgió en una reunión sobre otro particular con el Departamento de Vivienda. Sus portavoces explicaron que no hubo después ninguna comunicación adicional sobre el plan, que se ha acogido por tanto con «sorpresa». Todas ellas apuntaron, además, que ya han puesto en marcha de forma interna canales de negociación con aquellos clientes que puedan presentar dificultades para abonar las cuotas de los créditos. El departamento sostiene otra versión. Asegura que el pasado 23 de diciembre Madrazo reveló sus intenciones a la BBK, Kutxa, Caja Vital y Caja Laboral, y el pasado lunes a la Federación de Cajas Vasco-Navarra.
Vivienda atribuyó a cierta confusión de sus socios del PNV las declaraciones de Azkarate. «El decreto de VPO faculta al consejero para la adquisición de viviendas en casos excepcionales», por lo que «no es materia que se deba abordar en el Consejo de Gobierno», indicó.
El PSE, por su parte, calificó de «brindis al sol» y de «ocurrencia de campaña electoral» el anuncio de Madrazo. El parlamentario socialista Jesús Loza acusó al líder de EB de «generar falsas expectativas» porque el plan depende «exclusivamente de la voluntad de las entidades financieras». «Y nadie entiende -agregó- cómo no se ha negociado primero con ellas».
