La portavoz de la nueva marca de la izquierda abertzale D3M (Demokrazia Hiru Milioi), Itziar Aizpurua, ha admitido esta mañana que la estrategia de las ilegalizaciones "nos ha hecho daño pero ha fracasado" porque no ha materializado los objetivos que, a su juicio, perseguía de "acabar con la izquierda abertzale y asimilar el proyecto independentista".
En una comparecencia en San Sebastián junto a representantes de otras marcas de la izquierda abertzale ilegalizadas, Aizpurua ha exigido al PNV que aclare si va a pactar con el PSE después de las elecciones del 1 de marzo para que así "nadie se lleve engaños". En su opinión, en los comicios está en juego "reforzar las ansias de cambio del pueblo vasco concretadas en el acuerdo de Lizarra o reeditar un nuevo pacto estatutario impulsado por socialistas y jeltzales".
Asimismo, Aizpurua ha subrayado que la clave para solucionar el "conflicto político y armado" pasa por reconocer que "Euskal Herria tiene derecho a decidir su futuro". Finalmente, ha destacado que D3M busca crear "una verdadera marea humana" que "haga imposible el nuevo fraude que están llevando a cabo, a las claras el PSE y el PNV, anclando a este país en el pasado", porque "es la hora del independentismo, de un cambio democrático en profundidad", y "de empezar a construir la democracia para este pueblo".
"Un Guantánamo político"
Por su parte, el presidente de ANV, Kepa Bereziartua, ha recordado la "inquina constante del PSOE contra la izquierda abertzale". Así, ha comparado la Ley de Responsabilidades políticas, aprobada en 1939, con la Ley de Partidos, "imágenes de un mismo espejo, la incapacidad del Estado para reconocer la pluralidad nacional y política".
Mientras tanto, Oihana Agirre, en nombre del Movimiento Pro Amnistía, tras lamentar que D3M tiene encima "la espada de Damocles" ante su posible "ilegalización", ha denunciado la "esperpéntica situación" y el "estado de excepción" que está generando el Gobierno con su "estrategia de represión" para "neutralizar" a la izquierda abertzale, situación en la que, entre otras cosas, "reunirse y negociar políticamente es delito", donde "están vulnerados todos los derechos" y donde los socialistas con su 'Gal jurídico' están enviando a miles de ciudadanos a "un Guantánamo político, sin igual en Europa".