EL 'CASO MARI LUZ'
Las cuatro principales asociaciones de magistrados convocan protestas y amenazan con una huelga inédita si la Justicia no mejora en seis meses
Representantes de las cuatro asociaciones de jueces, en un receso de la reunión de ayer. / EFE
El descontento, cuando no el «malestar» y el «hartazgo», de los jueces puede traducirse este año en una medida inédita: una huelga en la Judicatura, sin precedentes en España y sobre cuya legalidad discrepan los propios intérpretes de la ley. Quizá no se llegue a una decisión tan extrema, pero el nuevo pulso al Gobierno está lanzado. Los representantes de las cuatro principales asociaciones profesionales, que representan a la mitad de los 4.000 miembros del sector, lanzaron ayer un primer aviso al convocar actos de protesta -que podrían consistir en paros de cinco minutos en todas las sedes judiciales- para el 18 de febrero. Si la Administración no comienza a tomar medidas para resolver las principales carencias que padece la Justicia, propondrán ir a la huelga el 26 de junio.
La mecha que ha prendido el profundo malestar en este colectivo es la multa de 1.500 euros impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al juez Rafael Tirado, el instructor del 'caso Mari Luz', por no encarcelar al presunto asesino de la niña onubense para que cumpliera penas que tenía pendientes antes de cometer el crimen, del que hoy se cumple un año. Los magistrados reprochan al Gobierno que «presionara» para que su compañero recibiera una sanción más grave; así como las duras críticas de la vicepresidenta, Maria Teresa Fernández de la Vega, y del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo - juez y fiscal de profesión, respectivamente-, a la resolución del CGPJ. El pasado 21 de octubre, un paro de secretarios judiciales y la convocatoria de juntas de jueces en toda España por ese mismo motivo obligaron a aplazar miles de juicios.
La actitud del Ejecutivo ha abierto una brecha en sus relaciones con la Judicatura, por la que han aflorado con crudeza problemas ya históricos -falta de recursos humanos y materiales, sobrecarga de trabajo...- y otros nuevos, como la preocupación de toda una nueva generación de jueces jóvenes por asuntos como la conciliación familiar o la necesidad de cultivar las nuevas tecnologías en las vetustas sedes judiciales. Desde el pasado otoño, la revuelta se ha gestado en Internet, a través del correo electrónico y de los foros de exclusivo acceso para los magistrados.
Imagen «de unidad»
El descontento ha alcanzado tal punto que en algunas comunidades -Extremadura y Murcia, de momento- los jueces aprobaron salir a la huelga, sin esperar más, el 18 de febrero. El movimiento aprobado ayer por las cuatro asociaciones profesionales, que incluye concentraciones y la lectura de un comunicado, parece tener entre sus objetivos desactivar esta medida y abrir un escenario de negociación con el Gobierno, además de dar imagen «de unidad».
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente se reunieron durante cuatro horas en Madrid para tejer la estrategia conjunta. Aprobaron una tabla reivindicativa en la que señalan los principales males que, a su juicio, colapsan los tribunales. El documento será remitido al Ministerio de Justicia, al CGPJ y a las comunidades con competencias en la materia para que fijen un calendario de negociación. Entre los asuntos a abordar, reclaman la «efectiva» implantación de la nueva Oficina Judicial, la incorporación de nuevas tecnologías, la revisión de las cargas máximas de trabajo, la conciliación familiar, aumentos salariales y acciones para que la fijación de las fechas de los juicios quede en manos de los magistrados y no de los secretarios.
Los representantes de las asociaciones acordaron una serie de medidas de presión que pondrán en marcha en las próximas semanas, si así lo aprueban los comités de dirección de sus colectivos y las juntas de jueces. Las protestas concluirán el 26 de junio con una huelga sin precedentes si para entonces no han logrado «una respuesta satisfactoria a sus reivindicaciones».
Horas después, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que reiteró su disposición al diálogo aunque tachó de «injustificada e injustificable» la amenaza de huelga. El departamento de Fernández Bermejo ve en las protestas un intento de presionar al Parlamento para condicionar el contenido de la próxima ley que regulará la oficina judicial, actitud que considera «intolerable».
