La histórica fotografía de un lehendakari y del líder de la oposición vasca sentados en el banquillo de los acusados tendrá lugar alrededor de las 9.30 horas del próximo jueves. El 8 de enero es la fecha elegida por el Tribunal Superior del País Vasco para abrir el juicio contra Juan José Ibarretxe, Patxi López y Rodolfo Ares por las reuniones que mantuvieron en 2006 con dos delegaciones de Batasuna, encabezadas por Arnaldo Otegi, también procesado junto a los mahaikides Pernando Barrena, Rufi Etxeberria, Juan Joxe Petrikorena y Olatz Dañobeitia. Sobre la mesa, la acusación de haber cometido un presunto delito de desobediencia para los cinco integrantes de la izquierda abertzale -por haber vulnerado la sentencia de ilegalización del partido que dictó el Tribunal Supremo en 2003- y la imputación para el representante peneuvista y los dos socialistas de haberse convertido en «cooperadores necesarios» para la comisión de esos delitos. La acusación popular, ejercida por el Foro Ermua y el colectivo Dignidad y Justicia, sostiene que sin estos tres políticos los dirigentes de Batasuna no podrían haber celebrado ninguna de esas tres reuniones «ilícitas» -dos de ellas con el lehendakari-.

La fecha y hora del arranque de la vista oral pondrá fin a casi tres años de andadura procesal en el Tribunal Superior vasco. El encuentro que motivó la primera denuncia se remonta a abril de 2006 cuando el jefe del Ejecutivo autónomo recibió en Ajuria Enea a una representación de la izquierda abertzale dentro de una ronda con todos los partidos vascos para analizar la declaración por parte de ETA de un alto el fuego permanente. El actual escenario político nada tiene que ver con el de entonces. Fracasado el proceso de paz con la bomba de la T-4 de Barajas hace dos años y con la organización terrorista en activo a pesar de los sucesivos golpes policiales que han mermado su cúpula dirigente, las elecciones autonómicas marcan ahora todo el panorama político, justo en el momento en que las encuestas dan opciones al candidato del PSE-EE de alcanzar la Lehendakaritza y marcar un hito histórico.

El enjuiciamiento de Ibarretxe y López, los dos máximos aspirantes a liderar el Gobierno vasco, llenará estas semanas de precampaña y condicionará las estrategias de unos y otros. Los tres magistrados que presidirán la sala -Manuel Díaz de Rábago, Antón Subinas y Juan Carlos Benito-Butrón- han reservado del 8 al 29 de este mes para la celebración de la vista oral, aunque confían en completar las sesiones para el jueves 22. En medios judiciales no se espera, no obstante, que haya una sentencia redactada hasta un mes después de la conclusión del juicio. Estos cálculos hacen prever que el escrito de condena o absolución para los ocho imputados no se dará a conocer hasta mediados o finales de febrero, justo cuando las formaciones políticas estén inmersas en la vorágine de celebrar un mitin diario -la campaña se debe llevar a cabo entre el 13 y el 27 de ese mismo mes-.

Sólo cabría una posibilidad de que la resolución judicial no se revele antes de la cita con las urnas: que los tres jueces acordaran no facilitarla hasta después de los comicios. Algo que ya hizo el Tribunal Supremo ante las elecciones municipales y forales de 2007. Entonces los magistrados pospusieron la divulgación de la sentencia de un juicio contra Arnaldo Otegi -el que al final supuso la confirmación de una condena de 15 meses de cárcel por apología del terrorismo en un acto de homenaje al etarra 'Argala', que ya ha cumplido- ante el riesgo de que su conocimiento público pudiera influir en los resultados de aquellos comicios locales.

Sea como fuere, la terna enjuiciadora tendrá ante sí los cientos de folios acumulados durante casi dos años de instrucción a cargo del magistrado Roberto Saiz y deberá atender a las explicaciones que en la sala de juicios ofrezcan los más de medio centenar de testigos llamados por las partes, la mayoría a petición de la defensa de Ibarretxe -el abogado del PSE no ha solicitado ningún testimonio que respalde sus argumentos jurídicos-.

Sin sorpresas

Fuentes judiciales aseguran que la vista oral transitará por las estrategias que unos y otros han venido desarrollando desde 2006 y no se esperan grandes sorpresas a nivel jurídico. «No es fácil inventar argumentos nuevos a estas alturas», coincidían esta semana varios de los implicados en el procedimiento penal. La postura de la acusación popular de Foro Ermua y Dignidad y Justicia, ejercida por Fernando García-Capelo y Daniel Portero, respectivamente, es clara: sostendrán que los ocho imputados tenían constancia de que sus respectivos encuentros contravenían la ilegalización aplicada a Batasuna por formar parte del entramado de ETA. Para ello aportarán como prueba las intervenciones de Ibarretxe y López en las que aludían a esas citas. Sobre todo recalcarán cómo el lehendakari llegó a presumir en el Parlamento vasco de reunirse con Batasuna y a sostener que «lo volvería a hacer» cuantas veces fuera necesario.

Las defensas también seguirán una línea muy similar, aunque con diferentes matices. Todos sostendrán que no existía una orden previa que prohibiera esas citas y que los encuentros se convocaron en un periodo de tregua de ETA y con el objetivo de favorecer la desaparición de la violencia terrorista. En esta línea, el letrado que representa a López y Ares, Félix Rojo, subrayará que, en su caso, la reunión que los socialistas y Batasuna llevaron a cabo el 6 de junio de 2006 en un hotel de San Sebastián contaba con el aval del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que el día antes había emitido un escrito en el que decía no apreciar en esa cita «ningún» indicio delictivo.

Más compleja, o al menos extensa, será la estrategia tanto de Ibarretxe como de los representantes de la izquierda abertzale. El letrado del lehendakari, Mikel Casas, protagonizará buena parte de las sesiones al haber pedido el mayor número de testigos. Como en las declaraciones realizadas durante la fase de instrucción, mantendrá que su defendido se reunió con representantes de Batasuna dentro de sus atribuciones políticas como jefe del Ejecutivo vasco. Queda por ver si recalcará que Otegi y compañía son miembros de la izquierda abertzale -durante el primer interrogatorio en sede judicial Ibarretxe utilizó esta fórmula en 25 ocasiones- para eludir citar explícitamente a la ilegal Batasuna. Casas también desplegará en el tribunal el razonamiento de que no se puede condenar a Ibarretxe por unos hechos que, a su juicio, son similares a los que ya juzgó el Supremo a finales de 2006 por una denuncia de Manos Limpias contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su Gabinete por haber autorizado la reunión entre el PSE y Batasuna, como un capítulo más del proceso de paz que entonces estaba abierto.

El alto tribunal exculpó de delito alguno al dirigente socialista y a sus ministros -no entró en consideraciones sobre Patxi López y Rodolfo Ares, que también figuraban en la denuncia-. Los magistrados arremetieron entonces contra la asociación de funcionarios querellante y calificaron de «fraude» su intento de condicionar la política antiterrorista a golpe de denuncia penal.

La apuesta del equipo de Jone Goirizelaia, que representa a Otegi y a los otros cuatro mahaikides, será la de sostener que ninguno de los cinco cometió un acto de desobediencia porque participaron en las reuniones que se van a juzgar a título individual, no como partido, y que ningún tribunal puede anular su derecho como ciudadanos a mantener las citas que estimen oportunas. «Batasuna está proscrita, pero la izquierda abertzale, como ideología, no se puede prohibir», vendrá a decir. Las críticas a la Ley de Partidos y a la ilegalización de la coalición radical conformarán también el núcleo duro de sus argumentaciones.

A pesar de que esta ha sido la estrategia de Goirizelaia desde la apertura del proceso penal, en ciertos sectores judiciales, y también en el seno del PNV, se ha extendido el temor a que la defensa de Batasuna pueda tratar de buscar algún golpe de efecto durante el juicio. Así, se habla de que los cinco imputados podrían asumir que acudieron a las reuniones con Ibarretxe y López como representantes del partido ilegalizado, lo que vendría a suponer que reconocerían su culpabilidad. Y todo con un objetivo: buscar que, como en el juego del dominó, una condena contra ellos arrastrara también al jefe del Ejecutivo y al líder de la oposición. Una estrategia que la mayoría califica de «suicida» y ve «remota».

Encendido debate

Junto a las defensas se posicionará también el Ministerio Público, que reclama la absolución de todos los inculpados. La fiscal superior del País vasco, María Ángeles Montes, exigirá en la primera sesión del juicio la suspensión del mismo por considerar que no se puede sostener un procedimiento cuando sólo piden condena de cárcel los dos colectivos que representan a la acusación popular -aquella que ni representa al Estado ni al afectado en primera persona por un delito-.

Esta cuestión ha sido una de las que más polvareda ha levantado desde que se abriera la causa en 2006 y ha abierto un encendido debate entre los juristas, que discrepan sobre la conveniencia de que cualquier colectivo no implicado directamente en unos hechos pueda iniciar una vía judicial. Y en este aspecto, es el Tribunal Supremo el que ha sentado doctrina con el denominado 'caso Botín'. Reunidos en Pleno todos los miembros de la Sala de lo Penal fijaron la línea a seguir: cuando nadie puede ejercer la acusación particular, es decir, no hay un perjudicado directo por una acción, la sola personación de la acusación popular capacita al juez a seguir adelante con un procedimiento y llevar la causa a juicio oral -es lo que ocurre en el procedimiento contra Ibarretxe y López-. Sin embargo, cuando el directamente afectado y la Fiscalía no ven motivos de comportamiento ilícito en una acción -como en el proceso contra el presidente del Banco Santander- el magistrado debe dictar el archivo de la causa, aunque haya alguna asociación que solicite penas de prisión.