POLÍTICA
Sólo uno de los tres magistrados que dirigirán la
vista oral tiene experiencia en litigios penales
04.01.09 -
Los recusados Ruiz Piñeiro e Ibarra charlan en un acto judicial en presencia de Díaz de Rábago. / IGNACIO PÉREZ
«Me van a disculpar si cometo errores, pero es que nunca he llevado un juicio penal. Es mi primera vez. Yo soy de lo Social». La frase corresponde al magistrado Manuel Díaz de Rábago, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior vasco y encargado de dirigir la vista oral que sentará en el banquillo de los acusados a Juan José Ibarretxe y Patxi López. La pronunció hace escasas semanas en una de las reuniones que el tribunal enjuiciador ha mantenido con los abogados de todas las partes implicadas para preparar el juicio.
Díaz de Rábago, madrileño de 58 años pero afincado en San Sebastián desde hace décadas, reconocía así uno de los defectos de la terna. De los tres magistrados, sólo Antón Subinas Elorriaga pertenece a la Sala de lo Penal, aunque en su larga trayectoria ha destacado como abogado laboralista (se colegió en 1971) y como experto en litigios inmobiliarios -ejerció unos años como agente de la propiedad-, hasta que en 2006 llegó al Tribunal Superior a propuesta del PNV para ocupar la plaza vacante por la jubilación de José María Satrústegi. La sala la completa Juan Carlos Benito-Butrón, especialista también en Derecho laboral y que ocupa un puesto en la sección de lo Social del TSJPV.
Ellos tres serán los encargados de sacar adelante el procedimiento de mayor envergadura de cuantos se han celebrado en el Palacio de Justicia de Bilbao, en unas condiciones muy similares a las que ya se vivieron en el 'caso Atutxa'. Fruto de las peculiaridades del sistema procesal español y del efecto de las sucesivas recusaciones, que han dejado fuera de la vista oral a cuatro de los cinco magistrados que componen la Sala de lo Penal, el juicio a Ibarretxe y López queda en manos de juristas que tendrán que hacer un esfuerzo y adaptarse a unas características procesales que no son las habituales en su día a día.
Un hecho al que sus compañeros de profesión restan trascendencia. Jueces que ejercen en la capital vizcaína subrayan que la «independencia» y «profesionalidad» de los tres magistrados quedará por encima de todas estas cuestiones y que, ante todo, prevalecerá «el análisis de unos hechos». «Deben escuchar a las partes y determinar si los hechos que les ponen encima de la mesa son, a su forma de ver, constitutivos o no de un delito», sostienen en el Tribunal Superior.
Y en este sentido, destacan el 'pedigrí' de Díaz de Rábago y sus dos colegas de sala. La experiencia en los juzgados del presidente de lo Social arranca en la década de los sesenta, cuando ejercía como abogado laboralista. Su acceso a la carrera judicial se produjo años más tarde, a través del conocido como 'tercer turno', el reservado para juristas de reconocido prestigio. Al Superior vasco accedió en 1996 y en sus dos primeros años destacó por poner fin a los retrasos que históricamente acumulaba la Sala. Además de su capacidad de trabajo, en medios jurídicos siempre se ha destacado su «competencia» como jurista, su carácter accesible y su ecuanimidad.
Quienes le buscan algún defecto aluden a su facilidad para pronunciarse en cuestiones comprometidas que trascienden de lo jurídico. Vinculado a la asociación de corte progresista Jueces para la Democracia, no dudó en criticar la Ley de Partidos e incluso respaldó iniciativas de Elkarri para favorecer una mesa de partidos entre todas las formaciones políticas vascas, incluida la izquierda abertzale, para poner fin a la violencia terrorista.
Pleitos sobre el Athletic
No menos extenso es el currículum de sus dos compañeros en el tribunal enjuiciador. Antón Subinas, que será el ponente de la sentencia, ha sido letrado en el Consejo vasco de Relaciones Laborales y es bien conocido entre los abogados de la capital vizcaína. No en vano, en la toma de posesión de su cargo en el TSJPV, en 2006, estuvo apadrinado por el letrado Carlos Suárez, ex decano del Colegio de Abogados de Vizcaya, con el que había compartido despacho desde 1990.
Benito-Butrón, por su parte, natural de Barakaldo de 45 años y padre de tres hijos, se dio a conocer para la opinión pública hace apenas un par de años, a raíz de un caso vinculado con lo deportivo. Por turno, le toco juzgar la denuncia de la Real Sociedad contra el Athletic por el fichaje del jugador Iban Zubiaurre. El magistrado pidió entonces que se le apartara de la causa por ser socio del club rojiblanco y temer que, de avalar un pronunciamiento condenatorio, los abogados del club donostiarra alegaran un defecto de forma. Las casualidades hicieron que este mismo juez se topara meses después con otro litigio protagonizado por el Athletic: el que enfrentó a la directiva del actual presidente Fernando García Macua y el ex delegado del primer equipo rojiblanco Txato Núñez, que reclamaba una indemnización. Tampoco en ese caso se libró de dictar sentencia.
