La Unión Europea ha solicitado a Bilbao Ría 2000 la devolución de parte de las ayudas concedidas para la regeneración de Abandoibarra desde 1997 por considerar que no están debidamente justificadas. Las autoridades comunitarias basan sus reticencias, que también afectan a obras realizadas en Barakaldo, en dos tipos de argumentos. Por una parte, detectan «exceso de gasto» e irregularidades en los procesos de adjudicación de varios contratos, como es habitual en los informes de los organismos fiscalizadores. Pero también abren un frente de mayor calado al cuestionar la necesidad de aportar fondos comunitarios a Abandoibarra.
La transformación de la antigua zona industrial y portuaria en la más exclusiva de la ciudad ha sido incluida en dos programas de los Fondos Europeos para el Desarrollo Regional (Feder). La primera fase, entre 1997 y 1999, cuando casi todo estaba por hacer, recibió una aportación de 27,8 millones sobre un total de 55,6, ya que la UE financia la mitad del presupuesto. La segunda, en el periodo 2000-2006, comprende dos obras concretas: la avenida de Abandoibarra y la galería de servicios para canalizar el suministro eléctrico y telefónico.
Es en esta segunda fase donde se ha planteado una objeción que afecta a la raíz del programa. Hace casi un año, el 23 de enero de 2007, tres auditores del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) viajaron a Bilbao para realizar una visita de fiscalización del gasto. Además del recorrido sobre el terreno, revisaron toda la documentación y pidieron justificantes adicionales. Su conclusión es que la operación de Abandoibarra «se autofinancia por sí sola» y no requiere fondos comunitarios.
Los inspectores creen que gran parte de las parcelas incluidas en los proyectos revisados se venderán una vez recalificadas y generarán «considerables ingresos», por encima del «coste de inversión». Llegan a decir que «no se hubiera tenido que presentar el proyecto a la comisión para la cofinanciación», según consta en los documentos a los que ha tenido acceso este periódico. Por ello, proponen la devolución de los 3,1 millones de euros -la mitad de los gastos declarados- que han salido de las arcas de la Comisión Europea.
Reunión en enero
Bilbao Ría 2000 no ha tardado en responder. En primer lugar, precisa que las obras realizadas afectan a suelos degradados por la actividad industrial que en ningún caso van a ser recalificados y no a las parcelas «lucrativas» que se comercializan para uso residencial. Además, los ingresos que genera la venta de pisos en Abandoibarra se destinan a otras zonas de la ciudad como Bilbao La Vieja y a infraestructuras ferroviarias. El objetivo, explican, no es conseguir beneficios sino garantizar una «financiación equilibrada» en el conjunto de Bilbao, donde Ría 2000 también actúa en Amezola, La Alhóndiga, Basurto-Garellano y la recuperación del borde de la ría.
Cuando concluyan todas estas intervenciones, la previsión es que el balance económico sea cero, al igualar ingresos y gastos. De momento, año tras año, las cuentas de la sociedad se cierran con signo negativo. A 31 de diciembre de 2007, por ejemplo, el déficit era de 53 millones de euros. Y, por el momento, «los costes siguen siendo superiores a los ingresos», más aún con el parón inmobiliario.
La sociedad pública ha tenido que enviar varios escritos de alegaciones a Bruselas, donde también se cuestionan algunas actuaciones de la primera fase del plan financiado con los fondos Feder. En este caso se plantea la devolución del 30% de los fondos de los programas donde se han detectado irregularidades, lo que para Ría 2000 supondría 8,6 millones de euros. Sin embargo, como el porcentaje se basa en un cálculo general obtenido con un programa informático, los estados miembros tienen la oportunidad de demostrar que el alcance de los errores cometidos es inferior al importe que se demanda.
No es un pleito exclusivo de Bilbao. La UE ha pedido explicaciones en similares términos a las tres diputaciones, el Gobierno vasco y los ministerios de Industria y Medio Ambiente, entre otras administraciones. Los responsables de Ría 2000 se muestran convencidos de que el importe que se reclama se reducirá de forma sustancial a medida que se estudien sus alegaciones. Según los datos que manejan, los errores contabilizados de forma concreta en obras de Abandoibarra y Galindo suman 94.000 euros, lo que representa «el 2,4 por mil del gasto total auditado», y ya han sido rebatidos en los informes presentados por la sociedad.
La mayor parte del dinero corresponde a «estimaciones» con las que la entidad ha mostrado su desacuerdo. Por ejemplo, cuando existen discrepancias sobre los criterios de evaluación aplicados en un contrato, la Comisión Europea, en primera instancia, pide el reintegro del 10% del importe, un ajuste que los afectados consideran excesivo. También se sanciona el «exceso de gasto» en obras que salen más caras de lo previsto. Los beneficiarios de estas controvertidas ayudas tienen una cita importante los días 21 y 22 de este mes en Bruselas, donde defenderán su postura ante la UE.