Mariano Rajoy recibió con críticas la propuesta del Gobierno para el nuevo sistema de financiación y demostró, desde el primer momento, que su partido rechazará la reforma. Censuró la «improvisación del Gobierno» y la respuesta equivocada que, a su juicio, supone construir la financiación de las autonomías a costa de incrementar la deuda pública. «Es un inmenso error», dijo el líder 'popular' en un acto de su partido celebrado en Toro (Zamora).
«Este partido no puede consentir que se siga tirando de chequera como si el dinero público no le importara a nadie», denunció Rajoy para justificar la negativa de la organización que preside a apoyar los planes del Gobierno que, sin embargo, pueden terminar por ser aceptados por las autonomías populares que ayer reaccionaron con cautela al documento presentado por el ministro de Economía, Pedro Solbes.
El líder del primer partido de la oposición asumió este divorcio y justificó la previsible actitud de sus 'barones' territoriales y reconoció que los presidentes autonómicos pueden asumir el nuevo modelo «en defensa de sus intereses». «Hacen bien», dijo, «es su obligación», añadió. Sin embargo, insistió en que el partido opositor mantendrá su rechazo en aras de la defensa de los intereses de los 46 millones de españoles. «Alguien tiene que defender el interés general», explicó.
También criticó al presidente del Gobierno por haber consultado la propuesta únicamente con algunas autonomías y se preguntó las razones por las que José Luis Rodríguez Zapatero sólo recibió a los presidentes de Cataluña, Andalucía, Madrid, Galicia, Extremadura, Asturias y Comunidad Valenciana.
Una queja similar surgió en Murcia, donde su presidente, Ramón Luis Valcárcel, acusó a Zapatero de «haber quebrado por primera vez el principio de debate entre todas las comunidades y el Gobierno en la negociación del modelo de financiación autonómica».No obstante, recordó que todavía falta por conocer el detalle del nuevo sistema y expresó su esperanza de que la reforma tenga en cuenta a todos los españoles.
Postura de Madrid
La Comunidad de Madrid también nadó entre dos aguas. Por un lado, reconoce que el documento de Solbes recoge buena parte de los principios que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha defendido durante los últimos meses. Pero, por otro, cree que la propuesta no es más que la segunda edición de una gran incógnita plagada de declaraciones de intenciones pero sin cifras que las respalden. «Nos encontramos ante un documento totalmente abierto que no aclara cuál va a ser el modelo de financiación que propone la Administración central», objetó el consejero de Economía, Antonio Beteta.
El Gobierno de Castilla y León también se mostró escéptico y su consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, consideró «incompleto» el documento presentado por Solbes que le suena «a sardana catalana». Se quejó de que la propuesta, en los términos actuales, no tenga en cuenta el envejecimiento de la población, como exige su comunidad, y denunció que se trata de «un fiel reflejo del Estatuto de Cataluña». El presidente castellanoleonés será al primero que reciba Rodríguez Zapatero el próximo año, en la entrevista ya convocada para el 5 de enero.
Por su parte, la Comunidad Valenciana no adelantó su opinión sobre la reforma más allá de las críticas de su secretario de Economía, José Manuel Vela, a la propuesta «vaga e imprecisa» que, en su opinión, es «una mera declaración de intenciones».