nuevo sistema de financiación autonómica
Solbes envía a las comunidades una propuesta sin cerrar el reparto del dinero
Pedro Solbes, durante la comparecencia celebrada ayer en la sede del Ministerio de Economía. / REUTERS
El nuevo sistema de financiación autonómica obligará a las comunidades a ser aún más autónomas. El ministro de Economía, Pedro Solbes, puso ayer sobre la mesa una propuesta que dejará en un 10% la aportación del Estado a los recursos de que disponen las administraciones regionales. El 90% restante deberán obtenerlo a través de los impuestos que les han sido parcial o totalmente cedidos. En contrapartida, aumentará su participación en el IVA, el IRPF y los impuestos especiales, así como su capacidad normativa. La principal novedad del modelo, que no se aplicará ni en Euskadi ni en Navarra, reside en la creación de unos fondos de convergencia destinados a impedir que las comunidades más pobres queden descolgadas y que las ricas acaben con una financiación 'per cápita' inferior a la media o a su capacidad fiscal.
Pero, a pesar del optimismo de Solbes, la negociación aún se prevé larga. El proyecto no cuenta con el respaldo del PP y tampoco convence en Cataluña. Ni tan siquiera a los dirigentes del PSC. Los socialistas catalanes intentaron rebajar la tensión subrayando que las negociaciones siguen abiertas y que se ha hecho un «esfuerzo por avanzar» -tal y como señaló el 'conseller' de Economía, Antoni Castells-, pero también dejaron claro que la propuesta es «insuficiente».
La primera valoración de Castells nada más concluir la intervención del ministro y compañero de partido dejó claro que el culebrón de la financiación autonómica no había llegado a su último capítulo. Las sonrisas de Solbes chocaron con la cruda respuesta del 'conseller', quien lamentó que muchos elementos del borrador sean «ambiguos e inconcretos». No sólo eso. Incluso puso en duda que el proyecto fuese respetuoso con el Estatut, pese a las palabras tranquilizadoras de Solbes en este sentido.
Castells no realizó esta declaración a título personal. Ayer mismo se conocieron las líneas maestras del discurso de fin de año que hoy pronunciará José Montilla. Y al igual que su consejero, el presidente de la Generalitat afirmó que «estamos más cerca que hace dos semanas» y que los avances en la negociación son «sustanciales». «Pero todavía insuficientes», matizó.
Montilla echó un jarro de agua fría a las esperanzas de zanjar la polémica que mantenían muchos dirigentes del PSOE al puntualizar que el consenso «todavía está lejos de nuestros objetivos». «Con toda seguridad, ya hace tiempo que tendríamos un acuerdo si hubiésemos rebajado nuestro grado de exigencia. Pero habría sido un mal acuerdo y una hipoteca para nuestro progreso. Nos habríamos equivocado», resaltó un Montilla, que, en todo caso, admitió que la negociación «continúa».
Más contundentes fueron el resto de partidos catalanes. ERC, socio del PSC en el Gobierno, habló de propuesta «inaceptable, tramposa y llena de minas», mientras que para CiU el texto de Solbes es tan rechazable que los socialistas deberían pedir disculpas. Quienes se mostraron más conciliadores fueron los dirigentes de las otras comunidades gobernadas por el PSOE. Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Asturias aceptaron la base del proyecto.
«Alguna adenda»
El documento que remitió el Ministerio de Economía a los gobiernos autonómicos fija un esquema básico que aún debe ser concretado y que, según el propio Solbes, sigue sujeto a «alguna adenda». Pero los pilares del nuevo sistema ya están asentados e implican que habrá más dinero para todos. ¿Cuánto? Aún no se sabe.
Hasta ahora, el Gobierno defendía que la inyección económica que recibirán las autonomías no alteraría el 'status quo' porque emplearían los recursos adicionales en la reducción de su propio déficit. Solbes convino que ese principio es válido en un sistema teórico «ideal», pero no en el mundo real. «Algo se perderá en el camino», reconoció.
No fue el único dato que el vicepresidente económico dejó en el aire. Tampoco se arriesgó a confirmar cómo quedará el reparto de la tarta entre el Estado y las comunidades autónomas. Al abrir estas negociaciones, Rodríguez Zapatero prometió que el Estado se reservaría el 50% del gasto público, pero Solbes ni siquiera se atrevió a confirmarlo.
Aunque el nuevo sistema parte de la financiación actual, pretende suplir las necesidades de gasto con recursos adicionales a través de los ingresos tributarios autonómicos y de tres fondos. El fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales sustituye al actual fondo de nivelación y estará destinado a garantizar que todos los ciudadanos reciben la misma financiación por los servicios básicos como educación, sanidad y servicios sociales, residan donde residan.
