VIZCAYA
El juez admite la querella criminal interpuesta por la oposición y abre una investigación sobre el suministro al valle encartado
Un vecino de Carranza se lava las manos en la fuente que hay frente al Ayuntamiento. / JORDI ALEMANY
El Juzgado de Instrucción número 2 de Balmaseda ha admitido a trámite la querella criminal presentada por Karrantza Zabala contra el equipo de gobierno del Consistorio del valle encartado y el Departamento de Sanidad del Gobierno vasco por el suministro continuado a la población de agua «no apta para el consumo». El magistrado aprecia indicios de un delito ecológico y contra la Salud Pública y ha decidido imputar al consejero Gabriel Inclán, al alcalde de la localidad, José Luis Portillo, y al resto de concejales del PNV.
En el auto al que ha tenido acceso este diario, el juez da traslado de su decisión a las partes implicadas, así como al Ministerio Fiscal, y anuncia el inicio de una investigación para tratar de determinar la responsabilidad penal de los imputados, que deberán prestar declaración. Asimismo, el titular del Juzgado número 2 admite la solicitud de Karrantza Zabala (KZ), que lidera la oposición en el Ayuntamiento encartado, para que la Administración local aporte diversa documentación sobre el proceso de depuración del agua que beben los casi 3.000 vecinos del valle.
La denuncia de la plataforma independiente -tiene tres ediles- fue presentada en septiembre pasado. En su escrito, los líderes de KZ alertaban de la «extrema gravedad» del caso y advertían de que, desde 2004, el 45% de las inspecciones realizadas en la principal captación que surte los grifos de Carranza había arrojado un resultado de «sanitariamente deficiente» por la presencia de metales como el aluminio y otros compuestos perjudiciales.
Los concejales que lideran la oposición exigieron responsabilidades políticas, porque les parecía «escandaloso» que, en cuatro años, el PNV hubiera ocultado a los vecinos que el suministro se encontraba frecuentemente «contaminado».
Sin poder beber del grifo
La interposición de la querella criminal provocó un gran revuelo en el municipio encartado a finales del verano pasado. Un día después de que el caso llegara a los juzgados, el Ayuntamiento prohibía el consumo de agua del grifo y «rogaba» a los casi 3.000 vecinos del valle que «bebieran agua embotellada», ya que la analítica realizada en los últimos días había sido calificada de 'No apta para el consumo'. El equipo de gobierno local negó que la medida tuviera que ver con la querella de la oposición sino que era algo frecuente en la temporada estival, cuando «el nivel de la balsa baja y suele haber problemas con los purines».
No obstante, Carranza no ha recobrado aún la normalidad. Los análisis de septiembre y octubre continuaron arrojando resultados preocupantes. El Consistorio, por su parte, ha contratado a una nueva empresa para que se encargue de la gestión de los recursos hídricos, el principal caballo de batalla del valle encartado. De hecho, el entorno padece una sequía estructural y las obras de mejora desarrolladas por Diputación se han encarecido y retrasado sucesivamente sin conseguir atajar por ahora el problema.
