Robos, hurtos, tráfico de drogas, agresiones sexuales... Los jueces imponen cada año más de un millar de medidas punitivas a adolescentes de entre 14 y 18 años en Euskadi, un número que ofrece síntomas de cierta estabilidad al registrar en los últimos cuatro ejercicios un aumento inferior al 5% anual. Cada día, por tanto, se dictan una media de tres condenas de este tipo contra menores que han tenido comportamientos delictivos o que han llevado la gamberrada más allá de la raya. En la mayoría de los casos -tres de cada cuatro-, son medidas de régimen abierto, sin internamiento del chaval.En la mitad de las ocasiones, los infractores son condenados a purgar sus acciones mediante trabajos sociales. Este tipo de castigo parece funcionar. Un reciente informe del Gobierno vasco ratifica que ocho de cada diez jóvenes a los que les son impuestas sin ingresar en centros no vuelven a cometer esos delictivos. Es decir, no reinciden.

El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, dirigido por Joseba Azkarraga, acaba de enviar al Parlamento las evaluación del tercer Plan de Justicia Juvenil del Ejecutivo, correspondiente al cuatrienio 2004-2007, así como el esbozo del programa que recogerá su testigo, el que abarcará desde 2008 hasta 2012. Entre sus objetivos destaca agilizar el cumplimiento de las penas, que ahora se vienen a demorar una media de diez meses desde que se produce el acto punible. También contempla la ampliación de la capacidad y el número de los centros específicos para atender a los chavales -se instalará uno nuevo en Vizcaya, en una localidad por determinar-, y se incrementarán las plantillas de los centros de enseñanza -están previstos doce nuevos educadores- y de los profesionales que supervisan el cumplimiento de las medidas de régimen abierto. Sólo en obras de adecuación y mejora de los complejos actuales se invertirán cerca de 10 millones de euros hasta 2012.

Libertad vigilada

El número de casos de delincuencia juvenil vistos por los Juzgados de Menores vascos lleva varios años sin grandes variaciones. Según la memoria de la Fiscalía General del Estado, en 2004 se iniciaron 2.704 diligencias, mientras que en los tres ejercicios posteriores rondaron las 2.600. En conjunto, dieron lugar a 4.325 medidas impuestas por los magistrados, de las que 4.111 fueron firmes y 208, cautelares. En los últimos cuatro años se ha registrado un incremento total del 13,45%, un aumento que se considera «equilibrado» y que lleva a la «estabilización».

La principal medida de castigo impuesta por los profesionales han sido las prestaciones en beneficio de la comunidad, con 1.849 órdenes. Se han dictado otras 800 sentencias de libertad vigilada y 375 de tareas socioeducativas, pero también ha sido necesario internar a los menores más problemáticos, autores por lo general de delitos más graves. Entre 2004 y 2007 se dictaron 514 internamientos con carácter firme y 121 cautelares.

En el caso de los trabajos sociales, el informe del Ejecutivo destaca que se trata de un castigo que previene la reiteración. «Transcurridos tres años de la medida, la tasa de reincidencia es del 21,7%», apunta. Es decir, ocho de cada diez sancionados con trabajos en beneficio de la comunidad en 2003 «no había cometido ningún hecho delictivo a 31 de diciembre de 2006».