El decreto del Gobierno vasco que endurece las condiciones para que un alumno sea eximido de estudiar euskera es, a juicio del PSE-EE, «contrario a la igualdad de oportunidades», constituye un «abuso de poder» y «dificulta el éxito escolar». Por esta razón, el grupo parlamentario socialista ha registrado una proposición no de ley ante la Cámara de Vitoria que busca modificar una normativa que ahora solamente considera exentos a aquellos escolares que se matriculen para un único curso en centros de la comunidad autónoma.
En todos los demás casos, la dirección docente establecerá un «plan de trabajo individual» para el alumno por un periodo máximo de dos cursos escolares. Transcurrido este plazo, el estudiante estará obligado a integrarse en «los niveles prescriptivos de Lengua Vasca y Literatura». Es decir, cualquier escolar que se incorpore al sistema educativo vasco, aunque carezca del más mínimo conocimiento de euskera, deberá ser capaz de superar al cabo de dos años la misma evaluación de esta lengua que sus compañeros.
A juicio de la responsable en materias educativas del PSE-EE, Isabel Celaá, esta exigencia es «desproporcionada y de imposible cumplimiento». Y pone como ejemplo a un alumno sin ninguna noción de euskera que se matricule por primera vez en 4º de ESO en un centro vasco. «Este escolar difícilmente podrá alcanzar el nivel exigible de conocimiento de esta lengua al llegar a 2º de Bachillerato», apuntó la parlamentaria socialista. Celaá considera un «acto de abuso de poder» que las autoridades educativas impongan a «alumnos que son residentes temporales en Euskadi unos conocimientos de euskera absolutamente desproporcionados».
«Criterios doctrinales»
El nuevo decreto, de octubre del pasado año, ha entrado en vigor el presente curso. La normativa anterior, vigente desde 1983, establecía que los alumnos que hubiesen iniciado sus estudios de Primaria y ESO fuera de la comunidad autónoma o que «justificasen su residencia no habitual en el País Vasco» quedaban exentos de acudir a clase de euskera y de examinarse en esta materia.
Para los socialistas, el endurecimiento de la norma es contrario «no sólo a la igualdad de oportunidades, sino a los intereses y al propio futuro del euskera. La política lingüística ha de basarse en la flexibilidad, no debe percibirse como una agresión». Las nuevas exigencias están, a su juicio, «fuera de la realidad». «No responden más que a los criterios ideológicos y doctrinales del actual consejero de EA, Tontxu Campos», concluyó Celaá.