el futuro de los servicios sociales en euskadi
El coste de una plaza geriátrica para las arcas públicas supera los 34.000 euros anuales, el doble que la media nacional
LOS DATOS
Antonio nunca pensó acabar sus días en una residencia. Pero no ha tenido otra opción; una enfermedad degenerativa ha ido poco a poco disipando su memoria y mermando su autonomía hasta dejarle postrado en una silla de ruedas. Ahora necesita alguien que le vista, que le dé la comida, que le bañe, que le arrope... es como un bebé. Por eso los hijos de Antonio, que es viudo y tiene 70 años, le han ingresado en una residencia de un municipio vizcaíno, a tan sólo unos metros de la que fue su casa, aunque él no lo sepa. Ha sido valorado con el grado máximo de dependencia y paga al día 62,86 euros, es decir, unos 1.900 euros al mes por una plaza concertada. Si Antonio fuese guipuzcoano desembolsaría prácticamente lo mismo, pero si residiese en Álava, a apenas un centenar de kilómetros de su nuevo hogar, pagaría 972 euros; la mitad de su actual factura.
El hijo de Antonio, que ahora es su tutor legal, ha firmado el reconocimiento de deuda; es decir, cuando se acaben sus ahorros, la casa familiar servirá de garantía para que, al morir, la Diputación pueda cobrarse los cuidados que recibió hasta el final. Si fuese alavés también tendría que dejar el piso como señal, aunque es muy probable que no lo necesitase: su hucha duraría bastante más tiempo que en Vizcaya. Y en Guipúzcoa, por el contrario, sus tres hijos no serían nunca desposeídos de su derecho a heredar el hogar en el que se criaron.
La Ley de Servicios Sociales quiere acabar con éstas y otras desigualdades entre territorios. De entrada, el piso habitual dejará de contabilizar en el copago. La factura de las plazas residenciales será muy probablemente una de las cuestiones que la futura normativa pactada por el Gobierno tripartito con el PSE trate de igualar para que no existan discriminaciones tan evidentes en las prestaciones públicas dentro de la misma comunidad autónoma.
Según datos del Observatorio de Personas Mayores, unos 11.500 vascos viven en residencias. En Vizcaya, la Diputación establece un precio máximo para las plazas públicas: 71,56 euros al día. «Pero el usuario, como máximo, paga 62 euros. De ahí para abajo, en función de sus ingresos o los bienes que tenga. Pude haber casos en los que la aportación sea casi simbólica», apunta un portavoz foral. En Guipúzcoa, las cantidades son similares; en Álava la tarifa máxima que llega a abonar un usuario no sobrepasa los 972 euros al mes.
Pero, en realidad, esta prestación le cuesta a la Diputación alavesa cerca de 5.000 euros, cantidad que se reduce a 2.400 si se trata de una plaza concertada en un geriátrico privado. Aunque en este territorio los costes se disparan por el mayor peso de la oferta de gestión directa, en general, el precio medio de las residencias vascas es con diferencia el más caro de toda España para la Administración, hasta duplicar el promedio nacional. Por comunidades, las diferencias pueden ser abismales. Según datos del Imserso, una plaza pública de un usuario no dependiente en el País Vasco cuesta al año (según cifras de 2007) unos 34.200 euros, mientras en Navarra apenas supera los 7.000. En el caso de una cama concertada, el coste en Euskadi sería de 27.170 euros, el triple que en Aragón (8.741 euros).
Según un reciente estudio de Inforesidencias, un portal de Internet que cada año sondea las fluctuaciones del mercado geriátrico, los precios máximos concertados que paga el usuario en Vizcaya y Guipúzcoa también se sitúan a la cabeza del ranking estatal, al superar los 60 euros al día, el doble que en Asturias. En el ámbito privado, la tónica se repite. Antes de que la Diputación vizcaína le asignase una plaza concertada, Antonio pasó una temporada en la misma residencia, pero pagando las tarifas del mercado libre. Entonces abonaba por idénticos servicios casi 2.500 euros al mes, 812 euros más de la cantidad media que se paga en España.
Los expertos consultados coinciden en atribuir las causas de estos altos costes, por un lado, al convenio laboral del sector «que recoge mejores condiciones para los trabajadores en relación al estatal». No hay que olvidar que el 80% del coste de una plaza corresponde al gastos de personal. Por otra parte, la «mayor calidad asistencial y profesionalización» de los servicios que prestan los centros vascos respecto a otras comunidades también explicaría el abultado coste de la factura social en Euskadi. El gasto público por persona mayor de 65 años asciende en esta comunidad a 828 euros, el doble que la median estatal.
Incrementos salariales
El gerente del grupo geriátrico Euskoges, Gabirel de Azaola, recuerda que los salarios del personal que trabaja en las residencias se han incrementado «un 100% entre 2003 y 2008», un coste que «hay que repercutir en las tarifas». «Estamos hablando de un convenio bastante más alto que el estatal, con diferencias de unos 300 euros más al mes entre un trabajador vasco y otro de otra autonomía», coinciden fuentes de la Asociación Empresarial de Residencias Aerebiz.
El encarecimiento de los precios también explicaría la caída de la ocupación detectada por los profesionales del sector en los últimos dos años. Según De Azaola, este factor, unido a la crisis económica y al aumento de la oferta de camas, ha derivado en un descenso de un 5% en las cifras de usuarios. Por otro lado, en Vizcaya, la introducción del reconocimiento de deuda también ha supuesto un freno para muchos mayores «temerosos de quedar desposeídos de su piso».
