Tres años de vigencia y casi 80.000 condenas a otros tantos maltratadores; es decir, 80 al día. La Ley integral contra la violencia de género exhibe ésta y otras cifras positivas, como el número creciente de denuncias año a año. Otras estadísticas, sin embargo, son descorazonadoras, como el elevado número de víctimas mortales, que oscila cada año entre 60 y 70. Por eso la nueva presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género auspiciado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, prefiere no medir el éxito de la norma en términos contables y hacer un balance «positivo». Aunque con claroscuros, la respuesta judicial ante el fenómeno del maltrato machista es ahora «más rápida y efectiva» que antes de contar con la norma.
En el renovado CGPJ, Montalbán ocupa el cargo de su antecesora Montserrat Comas. Como ella, se mostró partidaria de realizar algunos retoques técnicos a la ley para mejorar su eficacia. Una de las modificaciones atañe a las órdenes de alejamiento: ahora son de declaración cuasi obligatoria, según la ley integral, y la polémica surge porque ocurre a menudo que es la propia víctima la que incumple las condiciones y retoma el contacto con su pareja, «lo que la hace inoperante». En los casos más leves y «sin riesgo de reiteración delictiva» por parte del agresor, «sí que cabría la supresión de la orden de alejamiento» a criterio del juez, recalcó Montalbán. 40.352 hombres y 2.007 mujeres tienen en estos momentos prohibido aproximarse a sus ex parejas sentimentales.
También habría que modificar la dispensa de declarar contra su marido a la que pueden acogerse algunas mujeres en los procedimientos judiciales. Es un precepto incluido en la Ley de enjuiciamiento criminal y aplicable en principio a las víctimas que pudieran ser testigos de conductas delictivas de sus cónyuges. Pero nunca se dictó pensando en mujeres que son agredidas por sus maridos, así que «la práctica demuestra que hay que aclararlo» para evitar en cierta «esquizofrenia».
La nueva presidenta del Observatorio desglosó las estadísticas que dan idea de cómo evoluciona la ley, dónde funciona y dónde falla. Según estas cifras, en los tres años de vigencia de la ley un total de 78.594 hombres han sido condenados como maltratadores. Los juzgados especializados en violencia de género dictaron casi 60.000 sentencias penales, condenatorias en un 79% de los casos, incluidos delitos y faltas. Las secciones penales específicas de las audiencias provinciales emitieron un porcentaje similar de condenas (85,03 %). La tasa fue menor en los juzgados de lo penal (56,23%), debido que muchos casos se tramitan como simples peleas, lo que los desprovee de la carga de género.
71.000 denuncias
Desde la entrada en vigor de la ley se han solicitado 134.000 órdenes de protección, de las que se han concedido el 75% (unas 100.000). En 2007, primer año del que hay datos globales sobre denuncias, se presentaron ante los juzgados especializados 126.293, a razón de 54,4 por cada 10.000 mujeres. En el primer semestre de 2008 ya se han interpuesto 71.022 denuncias por maltrato. Es un síntoma esperanzador pero «aún insuficiente», a juicio de Montalbán. Todavía es la punta del iceberg. Todavía siete de cada diez mujeres asesinadas en España murieron sin haber presentado jamás una denuncia contra su verdugo. Y en torno al 10% desiste y retira la denuncia.