Crisis económica mundial
Podrán aplazar el pago de hasta el 50% de las cuotas de sus hipotecas durante dos años
Zapatero se dirige con gesto enérgico a Durao Barroso.
LAS MEDIDAS
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer un conjunto de medidas que persiguen introducir flexibilidad en los pagos de las hipotecas por parte de los parados, así como estimular la contratación de personas que estén en situación de inactividad y tengan cargas familiares. Éste es el cuarto paquete de acciones que pone en marcha el Ejecutivo desde el pasado mes de agosto para contrarrestar los efectos de la crisis. El portavoz del PP y ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro aseguró que algunas de las iniciativas han sido «copiadas» a los populares, aunque calificó el proyecto de «parche» en ausencia de «un gran plan contra la crisis».
La propuesta más llamativa es el aplazamiento de pago de las hipotecas -los préstamos no pueden superar los 170.000 euros- por parte de los ciudadanos que ya estén en desempleo o que pierdan su puesto de trabajo antes del 1 de enero de 2010 y cuenten con familiares a su cargo. También podrán beneficiarse de la medida los autónomos que cierren sus negocios como consecuencia de las pérdidas, y quienes enviuden y tengan personas que dependan económicamente de ellos.
Los titulares de créditos que se acojan a esta regulación podrán aplazar hasta el 50% de las cuotas -con un límite de 500 euros- desde ahora hasta finales de 2010, lo que supondrá un máximo de 13.000 euros. Esas cantidades deberán ser abonadas a los bancos o cajas a partir de enero de 2011 y durante un periodo de 10 años, prorrateadas en las mensualidades. Para evitar entrar en una modificación de los contratos de concesión de las hipotecas, el Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), avalará ante las entidades el pago de esas sumas aplazadas.
No está claro todavía -se desvelará cuando el Consejo de Ministros apruebe el texto legal el próximo viernes- si esas cifras generarán intereses a los tipos pactados en los créditos o estarán exentas.
Beneficiarios
Según los cálculos realizados por el Ejecutivo, medio millón de parados podrán beneficiarse de la medida, lo que supone casi uno de cada cinco. A finales de septiembre había 2,6 millones de desempleados en España. «El Gobierno -aseguró ayer Zapatero en una comparecencia en la que explicó las iniciativas- tiene la capacidad, la fuerza y la determinación de que las familias con más dificultades tengan apoyo y ayuda mientras continúe este periodo de dificultades económicas serias».
La propuesta, sin embargo, debe ser analizada con prudencia, ya que un aplazamiento en el pago no supone una condonación de las deudas y, si bien en el corto plazo puede suponer una ayuda, quienes se sumen a ella han de ser conscientes de que en un futuro no muy lejano -desde enero de 2011- se producirá una 'sobrecarga' en sus cuotas mensuales. El modelo, por tanto, está sustentado sobre la idea de que estos parados accederán a un puesto de trabajo antes de esa fecha y, también, de que no se producirán incrementos sustanciales de los tipos de interés.
La ayuda va dirigida a los desempleados, pero también a las entidades financieras, ya que permitirá relajar las duras condiciones contables establecidas por el Banco de España para la morosidad, que se ha disparado por la crisis. Las entidades están obligadas a provisionar -contabilizar como pérdidas- la totalidad del importe de un préstamo cuando se produce el impago de cuotas por tercer mes consecutivo. El aumento de los préstamos no abonados va a generar, por tanto, una significativa reducción de los beneficios de bancos y cajas de ahorros. Así las cosas, la decisión del Gobierno permitirá 'salvar' algunos casos que, de otra forma, contribuirían a estropear las cuentas de resultados del sector.
También habrá una rebaja de las retenciones que se practican mensualmente en las nóminas de los empleados por cuenta ajena -que puede ser hasta de dos puntos- a quienes pagan hipotecas para financiar sus viviendas habituales y tienen ingresos inferiores a 33.000 euros anuales. Las empresas serán las encargadas de aplicar esta reducción, que se suma a la de los 400 euros aprobada el pasado verano.
Hay otras dos medidas que tratan de influir sobre las derivadas fiscales del maltrecho mercado inmobiliario, como son la ampliación a seis años de la vigencia de las 'cuentas vivienda' y también el paso de dos a cuatro años del periodo para solicitar la exención de plusvalías por reinversión.
Zapatero anunció la aplicación de un incentivo anual de 1.500 euros a las empresas por cada desempleado con cargas familiares que contraten. También habrá ayudas -no han sido detalladas- para la contratación de parados en áreas como el I+D o las energías renovables. Estas iniciativas le costarán al Ejecutivo unos 170 millones de euros.
