en unos cuarenta municipios vascos
Los concejales de, al menos, una docena de ayuntamientos habrían aumentado sus ingresos mediante pluses
La alcaldesa Inocencia Galparsoro recibe en julio el homenaje de algunos vecinos de Mondragón. / EFE
Los ediles de la ilegalizada ANV, que aún gobierna en unos cuarenta municipios del País Vasco, se están subiendo las retribuciones o han aumentado las dietas y remuneraciones de forma individual por conceptos como la presidencia de una comisión. De esta forma, procuran compensar las cantidades que pierden al haber sido disueltos como grupo. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la Abogacía del Estado está estudiando recurrir estas decisiones para lo que tiene tres vías posibles: un proceso contencioso-administrativo, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
Una de las primeras localidades donde sus concejales acordaron incrementar su retribución fue Mondragón, aunque ahora le han seguido otras. No todos utilizan las mismas fórmulas, aunque el resultado es el mismo: compensar las pérdidas por la desaparición del grupo aeneuvista. Al parecer, hay al menos una docena de ayuntamientos -entre ellos, Bergara, Azkoitia, Legazpia, Soraluce y Usurbil- que ya han dado este paso y otros están en trámites de realizarlo.
En el caso de Mondragón, los ediles de ANV crearon el grupo mixto, se pasaron a él y modificaron las bases de ejecución del presupuesto, así como el reglamento municipal. Los cambios quedaron definitivamente aprobados el 18 de septiembre con los votos en contra del PSE y del PP.
240 euros mensuales
La consecuencia es que ahora, según lás mismas fuentes, los concejales de la izquierda aberztale cobrarán unos 240 euros más al mes como plus por presidir comisiones, con lo cual percibirán en total 1.090 euros mensuales, frente a los poco más de 800 que cobraban antes. De esta forma compensarán los 1.250 euros al mes que pierden por dejar de tener grupo.
Ante esta circunstancia, la Abogacía del Estado está recopilando las actas de los plenos de diferentes municipios y la información necesaria para analizar el tipo de procedimiento a emplear: el contencioso-administrativo, que tendría que presentarse en el País Vasco; el recurso por incumplimiento de sentencia ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo, que dictó la ilegalización de ANV el pasado 16 de septiembre, o la presentación de un recurso penal ante la Audiencia Nacional. No obstante, si se opta por recurrir al Supremo, los letrados del Gobierno tienen que tener en cuenta que la 'Sala del 61' aún no ha procedido a la ejecución de la sentencia que dictó en septiembre.
