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ALAVA - VIZCAYA | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

Vizcaya

Ritos de otros mundos


MONTSERRAT COLL I CALAF DIRECTORA DE ASUNTOS RELIGIOSOS DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA

La Generalitat de Cataluña ha puesto especial empeño en defender la libertad religiosa desde la laicidad
02.11.08 -

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«Un Estado aconfesional debe respetar todas las opciones religiosas»
Montserrat Coll i Calaf, en su reciente visita a Bilbao. / M. BARTOLOMÉ
Montserrat Coll i Calaf está desde 2004 al frente de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña, la primera de este ámbito creada por una comunidad autónoma en España. Es doctora en Filosofía y daba clases de Filosofía de la Religión en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas del Arzobispado de Tarragona y también en institutos de Bachillerato antes de incorporarse a un cargo que, a su juicio, «refleja la especial sensibilidad del Gobierno catalán hacia las minorías religiosas». Desde entonces, ha elaborado un estudio acerca de la presencia de confesiones religiosas minoritarias en Cataluña y ha puesto en marcha un Proyecto de Ley sobre Centros de Culto para garantizar la libertad religiosa y velar por la seguridad y dignidad de estos templos.
-¿Por qué cree que es necesaria a nivel autonómico una Dirección General de Asuntos Religiosos?
-Se creó en 2000. Se cuenta que un grupo de protestantes se dirigieron al entonces presidente Jordi Pujol y le plantearon que no había ninguna unidad para atender la diversidad religiosa, mientras que la Iglesia católica ya tenía convenios de colaboración con la Generalitat. Se constituyó la dirección general, lo que demuestra que en Cataluña existe una sensibilidad especial por el tema religioso y que la complejidad y la diversidad de este hecho requieren un trato específico. Cuando llegué al cargo en 2004, una de las primeras visitas que tuve fue la de una musulmana que vino a decirme que los musulmanes no tenían dónde caerse muertos. Había que dar respuesta a estos problemas desde un nivel cercano a los ciudadanos.
-Si desde 1978 los cementerios son públicos, ¿qué problema tienen las minorías religiosas para realizar enterramientos en ellos?
-Efectivamente, los cementerios públicos admiten todo tipo de personas de confesiones distintas, por lo que en cierta medida ese derecho a ser enterrado ya está cubierto. Lo que no se satisface desde las administraciones públicas es un derecho, que se deriva de la libertad religiosa, referente a ser enterrado según su tradición y sus creencias. El problema estaría más en satisfacer ciertas sensibilidades, aunque el derecho esté cubierto.
-Parece que la solución adoptada en muchos casos es la creación de parcelas diferenciadas dentro de los cementerios. ¿Qué le parece esta opción?
-Desde la Generalitat consideramos un paso adelante que los camposantos hayan dejado de ser propiedad de la Iglesia católica para pasar a ser cementerios públicos, donde no se discrimina a nadie. Por lo tanto, lo deseable no es que haya cementerios privados y por concesiones, porque eso sería como segregar a las personas por sus creencias. Sin embargo, un acuerdo del Estado español con las comunidades islámica y judía reconoce el derecho a disponer de parcelas en los cementerios donde se puedan enterrar, según sus tradiciones y ritos religiosos. Hay una contradicción entre la ley de 1978 y esos acuerdos, pero la realidad es que esas parcelas existen.
-¿Cómo se pueden satisfacer entonces determinadas demandas de las minorías en el ámbito funerario?
-En el caso de los musulmanes, por ejemplo, en este momento en Cataluña no es posible realizar los entierros como ellos desearían, porque la ley de policía sanitaria mortuoria, por razones de salud, obliga a inhumar los cuerpos con ataúd. En cambio, sí es posible atender otras peticiones de los musulmanes, como que las tumbas estén orientadas a La Meca o que sean en el suelo. Hay musulmanes que aceptan esta solución, digamos intermedia. Sin embargo, otros muchos prefieren repatriar los cuerpos a su país de origen.
Pagar la repatriación
-No todos podrán pagar esa repatriación.
-Hay algún tipo de seguros que se contratan en bancos y cajas que contemplan la repatriación en caso de muerte, y también hay mucha solidaridad entre los miembros de la comunidad. Pero lo deseable es que puedan enterrarse aquí, desde luego.
-¿Qué se puede hacer cuando estos ritos no son compatibles con la legalidad?
-Siempre que es posible encontrar una solución, aunque sea intermedia, intentamos respetar los derechos de libertad religiosa. Por ejemplo, los budistas desearían que el cuerpo permaneciera sin ser tocado durante tres días como mínimo. Aquí, la ley no lo permite, pero la solución puede estar en refrigerar el cuerpo. Otras quisieran incinerar al aire libre, pero tampoco lo permite la ley. Así que tienen que adaptarse y usar las incineradoras dispuestas para ello en los cementerios.
-¿Cómo se orienta el trabajo de su dirección general en este ámbito?
-Hemos elaborado una guía, que no tiene valor de ley, pero que ofrece recomendaciones. Están inspiradas en lo que ya se hace por parte de los profesionales de los tanatorios de Cataluña. Una parte de esta guía recoge los derechos de libertad religiosa y también los límites. Otra incluye las peticiones de las diferentes confesiones religiosas en el ámbito funerario, como sus ritos y sus deseos. La última parte contiene recomendaciones basadas en ese principio de máximo respeto.
-¿Existe el riesgo de que, buscando favorecer a todos por igual, se pase de la aconfesionalidad a una confesionalidad múltiple o dividida?
-Un Estado laico no es un estado que no permite ningún símbolo religioso. Al contrario, es aquel que permite todos las opciones religiosas y de pensamiento. Por lo tanto, admite todo tipo de símbolos en un cementerio o en la escuela. La laicidad es una separación entre las instituciones públicas y las confesiones religiosas. Eso es lo que permite la igualdad en derechos de libertad religiosa y de conciencia. No se trata de borrar las manifestaciones religiosas, se trata de permitirlas todas. El Estado no se identifica con ninguna religión, tampoco con el ateísmo o con el agnosticismo, porque debe respetar todas las opciones de sus ciudadanos.
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