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02.11.08 -

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La laicidad positiva
R esulta difícil negar que todos los ciu dadanos, creyentes e increyentes, habitan un mismo territorio social, sobre el que poseen idénticos títulos de propiedad y responsabilidades, y donde todos pueden proponer su visión del mundo y del hombre desde los presupuestos que estimen oportunos, religiosos o no. No obstante, el laicismo excluyente de lo religioso o 'laicidad negativa' tan celebrada por algunos, no ve las cosas del mismo modo. De manera unilateral reclama la propiedad del terreno público a favor de la increencia, como un espacio religiosamente vacío confundido con la no confesionalidad del Estado. Se dirá que no deben manifestarse convicciones particulares en ese espacio, porque es público; pero esa misma razón impide que la increencia particular de unos ocupe el terreno de todos, incluso con celosos vigilantes que desde las atalayas mediáticas denuncien a quienes no sigan las reglas del juego, establecidas naturalmente por la increencia. Juzgue el lector si es eso lo que sucede cuando se miran con recelo las convicciones religiosas de algunos altos funcionarios; o cuando, con frecuencia, un Estado confisca el terreno social de los ciudadanos, declarándolo propiedad suya ('estatal'), y acaba por excluir de él a quienes porten un crucifijo, el hiyab o una kipá en la cabeza, mientras que pueden mostrar con libertad un logo político o deportivo, un tatuaje o un piercing.
Hay, pues, razones para observar con interés los nuevos aires que levanta el presidente Nicolas Sarkozy para revisar viejos prejuicios. En su discurso de bienvenida a Benedicto XVI en París, con motivo de su reciente visita a Francia, el mandatario francés reiteró su conocida idea de «laicidad positiva». A mi entender, consiste en algo distinto de lo que vemos por estos pagos, donde suele presentarse el tema de la laicidad en clave de confrontación entre instituciones (Iglesia/Estado) y sus representantes (obispos/gobierno): aquí se hablará negativamente de la financiación de las comunidades religiosas como si ella nada tuviera que ver con las opciones de ciudadanos-miembros de esas comunidades; o se ignora de intento que las cuestiones relativas a la educación (religiosa o no) de los hijos tienen que ver con decisiones de los ciudadanos-padres, y no con un presunto conflicto sumamente ambiguo entre 'derechos' del Estado y 'privilegios' de la Iglesia. A toda costa se evita plantear el tema religioso en sus propios términos, como cuestión que afecta primeramente a la relación del Estado con sus ciudadanos.
En ese contexto parece relevante la propuesta sarkozyana de laicidad positiva, en cuanto supone reconocer a los verdaderos protagonistas del hecho religioso. En breve, la laicidad positiva acepta la religión como un hecho más entre los que existen socialmente por estricta decisión de los ciudadanos, no del Estado. Pongamos un sencillo ejemplo. Entre los ciudadanos de un país, unos son aficionados al deporte y otros, a la música o al teatro, o a ninguna de esas u otras actividades. Si esas preferencias adquieren amplias dimensiones estamos ante hechos sociales más o menos relevantes. Naturalmente tales actividades no se declaran oficialmente obligatorias para nadie. No obstante, el Estado atiende las demandas de unos y de otros en la proporción que represente cada una. El Estado no se vincula oficialmente a alguna de esas preferencias de los ciudadanos, no por indiferencia hacia ellas, sino precisamente para atender equitativamente a todas. Todavía más, el Estado promueve esas actividades deportivas o culturales, ya que se entiende que ofrecen aspectos positivos para la salud de los ciudadanos, para su enriquecimiento intelectual o para el simple descanso y deleite.
Consideremos el hecho religioso, al menos, como uno más entre esos hechos sociales. Los ciudadanos, en efecto, profesan una religión u otra, o ninguna, en proporciones con frecuencia muy diversas. Un Estado no confesional o laico (que no laicista) respeta las creencias de unos y la no creencia de otros: por eso, no declara la religión de muchos obligatoria para todos; y tampoco impone a la entera sociedad la no-religión de algunos. Además, el Estado considera la religión como elemento positivo para gran parte de los ciudadanos, cuando menos en la misma medida que valora sus opciones culturales y artísticas, o sus aficiones deportivas. De manera que, sin imponer nada a nadie, se reconoce la relevancia de la religión en la misma medida al menos que se reconoce la relevancia de otros hechos sociales. Así las cosas, lo que a menudo se confunde con confesionalismo es, en realidad, la expresión social del hecho religioso, tan pacíficamente admisible como cualquier otra manifestación social. El Estado es no confesional, pero los ciudadanos lo son: confesionales de la creencia o confesionales de la increencia, si vale la expresión.
Ahora bien, esta actitud abierta se basa en un presupuesto anterior a la cuestión religiosa: la convicción de que el espacio público no es propiedad del Estado, ni de las diversas Administraciones, ni de las organizaciones políticas, sino de los ciudadanos; convicción ésta que lamentablemente no es moneda común en una sociedad que con frecuencia asiste impasible a la ocupación del espacio que le pertenece, sea en materia religiosa o en otros ámbitos. Recientemente me referían la negativa de la autoridad a ceder el uso transitorio de un local municipal por tratarse de una actividad religiosa; pero más preocupante es la pasividad con que unos ciudadanos que pagan puntualmente sus impuestos asisten a su desalojo del territorio común. Se comprende así que el presidente francés considere su propuesta de laicidad positiva como una invitación al diálogo y al respeto en materia religiosa; pero constituye también, de manera previa, una invitación a alcanzar una conciencia más lúcida del protagonismo de los ciudadanos a los que deben servir sin prejuicios sus representantes oficiales.
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