Comisión de Hacienda y Finanzas
Bizkailur concedió en 2005 garantías a dos sociedades privadas por valor de tres y seis millones de euros
El presidente del TVC, Jesús Álvarez, en su comparecencia en las Juntas Generales. / MAITE BARTOLOMÉ
LOS DATOS
Las empresas forales no pueden conceder avales económicos a sociedades privadas. Así de rotundo se mostró ayer el Tribunal Vasco de Cuentas durante su comparecencia ante las Juntas Generales. El presidente de este organismo intervino ante la comisión de Hacienda y Finanzas para explicar el informe fiscalizador de las cuentas de la Diputación en 2005. En términos generales, la opinión sobre los números analizados fue positiva. No obstante, también se han detectado diversas irregularidades tanto en la Administración del territorio como en algunas de las 16 entidades públicas que dependen de ella.
Una de esas «salvedades» mencionadas por el TVC se refiere a dos avales concedidos por Bizkailur en 2005. Esta empresa pública, que gestiona el plan foral de vivienda y suelo industrial, acordó entonces garantizar una cuenta de crédito y un préstamo a dos compañías privadas, que recibieron sendos avales por 3 y 6 millones de euros, respectivamente. Esta sociedad, además, mantenía en diciembre de 2005 garantías concedidas en ejercicios anteriores por valor de 7,5 millones.
En este punto, el Tribunal no acepta discusión. La normativa presupuestaria foral sólo prevé la concesión de este tipo de fianzas por parte de la Diputación. Pero no en todos los casos. Si su importe supera los 1,8 millones de euros, se requiere un acuerdo expreso de las Juntas Generales. A este respecto, la portavoz socialista, Alexia Castelo, solicitará por escrito información sobre los motivos que llevaron a Bizkailur a otorgar estos avales.
Otro de los puntos cuestionados por el TVC se encuentra en determinadas subvenciones que concede la Diputación. El organismo fiscalizador llamó la atención sobre dos aspectos: por un lado, aseguró que durante 2005 se recurrió a las ayudas nominativas con demasiada frecuencia, abusando del criterio de excepcionalidad que incluye estas subvenciones. En concreto, se enumeraron 27 casos en los que no quedó suficientemente «acreditado» que el método empleado para conceder estas ayudas fuese el correcto. Los responsables del TVC se refirieron a algunas concesiones realizadas a una veintena de ayuntamientos y también en el «medio rural».
Principios
Después de asegurar que la Diputación ha cumplido «razonablemente» en el apartado de legalidad, el informe presentado en las Juntas Generales también se hizo eco de otras diferencias de criterio en materia de personal y relativas a la contratación administrativa. En este sentido, se señala que diversas contrataciones, por importe de 1,3 millones de euros, se han llevado a cabo «incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia», sin que, a juicio del TVC, se haya justificado «razonablemente la excepcionalidad» que permite no aplicar estos conceptos.
En lo que atañe a obras y servicios, Álvarez aseguró que la gran mayoría de las contrataciones «importantes» se realizaron de acuerdo a la legalidad vigente.
