también solicita compensación económica
La Fiscalía considera una "desfachatez" la argumentación del empresario que alquiló la vivienda a la familia gitana, que aludió a "motivos humanitarios"
31.10.08 - 21:27 -
El juicio por 'mobbing' inmobiliario ha quedado hoy visto para sentencia./ Jordi Alemany
La fiscal ha pedido el inmediato ingreso en prisión de los cuatro acusados de haber "orquestado" y ejecutado una estrategia de acoso o 'mobbing' inmobiliario, para lograr que una familia abandonara su vivienda en el palacete Tangora del barrio de Neguri en Getxo.
En el juicio que hoy ha quedado visto para sentencia, la Fiscalía ha pedido que el Juzgado número 2 de lo Penal de Bilbao condene al empresario y propietario del primer piso del edificio, J.J.R., como autor intelectual del acoso y a tres miembros de una familia de gitanos a los que cedió el uso de la vivienda, como autores materiales de esa estrategia, mientras las defensas rechazan que premeditaran ese plan.
Aunque el acoso inmobiliario no está tipificado específicamente como tal en el Código Penal, esta práctica abusiva se suele encuadrar como delitos contra la integridad moral o de coacción, con penas que van de 6 meses a 3 años de prisión, para el primer caso, y de 6 meses a 2 años para el segundo.
Así, en este caso el Ministerio Fiscal ha pedido para cada uno de los acusados siete años de prisión por delitos de daños contra la integridad moral, de robo con fuerza, de allanamiento, así como de amenazas y acoso, "como fotogramas que unidos describen la película" de los 14 meses de hostigamiento entre los años 2003 y 2004, que sometieron a la familia que vivía en la planta baja del inmueble para "obligarles a vender" su casa.
Respecto a los daños en el inmueble, ha rechazado las argumentaciones de la defensa de que parte de los desperfectos se debieran a problemas estructurales del edificio con casi 100 años y que otros daños se produjeran por los juegos de los numerosos niños de la familia gitana.
La Fiscalía ha descartado "el impresionante poder dañino" de esos menores y cree probada la intencionalidad de los cuatro acusados en esos desperfectos, por lo que pide 20 meses de multa a razón de 20 euros el día para cada uno de los tres gitanos, y eleva a 50 euros el pago del empresario.
"Desfachatez"
Ha considerado "una desfachatez" que el autor intelectual del acoso pretendiera "hacer creer" a la juez que cedió el uso de su piso a una familia que había sido calificada como conflictiva anteriormente desde el Ayuntamiento de Sestao donde residían, "en un ataque filantrópico y en un increíble acto de generosidad", ha asegurado irónicamente.
A su entender, el empresario "conocía perfectamente" a la familia gitana que alojó y a la que "aleccionó" para hostigar a sus vecinos, hacia quienes no sintió ningún tipo de compasión y así "con total audacia", decidió seguir manteniendo su malestar y padecimiento para lograr su objetivo.
Los afectados, ha continuado, "lucharon por sobrevivir en una casa que se había vuelto inhabitable", por las amenazas de sus vecinos y también por las habituales inundaciones, ruidos, destrozos en sus coches y en el edificio, además de basura abandonada, que llevaron a una mujer y a su hijo a necesitar tratamiento para la ansiedad.
La fiscal ha concretado que esa situación "para minar la moral de sus víctimas" sobrevino después de que el resto de los propietarios del inmueble rechazaran vender sus viviendas al empresario acusado, y ha pedido a la juez que concluya que esa presión fue planificada para "someterles" y echarles del inmueble.
La acusación particular ha coincidido con la Fiscalía en las peticiones de las penas, pero ha pedido demás una indemnización de 100.000 euros para la familia que sufrió el 'mobbing' y otros 52.600 euros por los destrozos en su casa.
Las defensas han descartado la planificación del acoso ya que "más allá de las sensaciones y los sentimientos que hemos escuchado en el juicio", no se han expuesto hechos concretos ni documentos que acrediten esa trama. El abogado del empresario ha asegurado que esta causa penal se puso en marcha para tratar de paralizar una demanda civil iniciada por el acusado contra los vecinos que no querían realizar obras de mejora del edificio.
