SENTENCIA DEL SUPREMO
ANV aún no ha presentado el recurso cuando está a punto de cumplirse el plazo previsto para poder hacerlo
28.10.08 - 19:59 -
El Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK) ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) la sentencia dictada el pasado día 16 de septiembre que ilegalizó a esta formación por incumplir la Ley de Partidos políticos, han informado fuentes del alto tribunal. ANV aún no ha presentado el recurso cuando está a punto de cumplirse el plazo previsto para poder hacerlo.
Aunque no existen plazos para la resolución de este recurso, los magistrados podrían tener en cuenta que el próximo marzo se celebran las elecciones autonómicas en el País Vasco aunque esta fecha no determinará en ningún caso el fallo del TC, según las mismas fuentes. La Sala del 61 del Tribunal Supremo fundamentó la ilegalización de este partido en diversas pruebas que demuestran la identidad ideológica y el apoyo institucional y financiero que esta formación --que logró 9 diputados en la Cámara de Vitoria en las elecciones de 2005-- prestó a Batasuna, ilegalizada en marzo de 2003 en cumplimiento de la Ley de Partidos Políticos (LPP).
Concluye que las actividades de sus miembros son "incompatibles con los principios democráticos que protege la LO 6/2002 (LPP) toda vez que, mediante su apoyo a Batasuna, se ha convertido en el equivalente funcional de un partido declarado ilegal por se la expresión de una estrategia terrorista de ETA de la que no se ha distanciado". La resolución, cuyo ponente fue el magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo Enrique Bacigalupo, destaca también que la inviolabilidad de los miembros del Parlamento Vasco, que en ningún caso perderán su escaño tras ilegalizarse su formación, "no cubre las acciones de apoyo a un partido que fue ilegalizado".
Además de ilegalizar PCTV-EHAK, la Sala especial del alto tribunal declaró su disolución, ordenó que se cancelase su inscripción en el Registro de Partidos políticos y que su actividad cesase de inmediato, un aspecto que ya fue decretado con caracter cautelar el pasado mes de febrero por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que tramita una causa penal contra esta formación por la presunta integración en ETA de sus integrantes. Además, el Supremo abrió un proceso de liquidación patrimonial de los bienes del partido.
