le robó 240.000 euros
La víctima perdió su caserío, vendió sus acciones y quedó «con lo puesto»
El letrado fue víctima de un extraño secuestro en 2006. / L. CALABOR
La carrera de Juan Carlos G.E., de 45 años, que ejercía de abogado en Bilbao desde 1992, no puede decirse que fuera intachable, más bien al contrario. Acumula denuncias de clientes y fue secuestrado y apaleado en abril de 2006 a causa, según informó la Ertzaintza, de una «deuda» por un turbio negocio. Ahora ha sido juzgado por un delito de estafa a la familia propietaria de Canteras Atxarte. La Audiencia considera probado que el letrado se aprovechó de la «relación de amistad y sincero afecto» que le brindaron gracias a que era socio de despacho de una sobrina de los administradores de la empresa. «Era como uno de casa», explicaron durante el juicio tanto el principal afectado, E.B., como uno de sus hermanos. Acudía como invitado a las bodas, y hasta cenaba y comía en el caserío familiar.
Sin embargo, su verdadera cara era otra totalmente desconocida. Sin saberlo, les tangó 240.000 euros entre los años 1999 y 2003, según se recoge en la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia vizcaína, que le acaba de condenar a 11 años y medio de cárcel por los delitos de estafa continuada, falsedad en documento público y privado, y deslealtad profesional. Además, el tribunal le impide ejercer la abogacía durante seis años y le obliga a indemnizar a la víctima con 382.000 euros, además de fijar una multa total de más de 12.000 euros, que se convertirá en pena de cárcel en caso de impago: un día de prisión por cada dos cuotas no abonadas. En el proceso judicial se presentó como acción popular el Colegio de Abogados de Vizcaya, y como acusación particular la empresa Canteras Atxarte.
Manipuló una sentencia
La colega de despacho de Juan Carlos G.E., recién colegiada, le pidió que se hiciera cargo del asesoramiento de la empresa de sus allegados en 1992. En los primeros años, la relación profesional se desarrolló con normalidad y se fueron creando entre las partes «vínculos de confianza y familiaridad», relata la resolución judicial a la que ha tenido acceso este periódico. En julio de 1999, «bajo el pretexto de que era necesario un proyecto de explotación de la cantera», solicitó a su cliente la cantidad de cuatro millones y medio de pesetas para iniciar las gestiones, que nunca llegó a realizar.
A partir de entonces, cada cierto tiempo el letrado reclamaba nuevas cantidades, tanto para continuar con los inexistentes trámites como para levantar un desahucio del Ayuntamiento de Abadiño, e incluso para pagos a los juzgados. Llegó a pedirle 70.000 pesetas para fotocopias que nunca hizo. Así, hasta llegar a estafarle 240.000 euros a lo largo de varios años.
La víctima, para no olvidar el dinero que le daba, le hacía escribir las cifras en papeles, que sirvieron como relevante prueba pericial en el juicio. El Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil atribuyó al acusado la letra de las anotaciones, que él no había admitido realizar. Su defensa se basó en negar que hubiese solicitado ni recibido ese dinero, ya que -alegó-, «como la licencia de explotación de la cantera había caducado, era absurdo realizar ningún proyecto de explotación». Para mantener el el engaño, el letrado falsificó documentos. Llegó a manipular una sentencia dictada por la Audiencia provincial, cambiando la frase «con desestimación del recurso» por la de «con estimación...».
Debido a la incompetencia del abogado, el hombre fue desalojado del caserío en el que había residido toda la vida. Para hacer frente a las demandas monetarias, E.B. perdió su patrimonio y hasta pidió un préstamo. «Se lo comió todo, el piso, las acciones, todo... Me dejó con lo puesto», testificó en la vista oral.
