25.10.08 -
La caja de los truenos se destapó el 24 de junio de 2006. Ese día, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska citó a declarar a Gorka Agirre como imputado por un presunto delito de colaboración con ETA al considerar que el histórico burukide pudo haber ejercido de intermediario en el cobro del 'impuesto revolucionario'. Apenas veinticuatro horas más tarde, el PNV reaccionó con lo que sería el eje de su argumentación en los siguientes dos años y cuatro meses de procedimiento (hasta ayer) y tenso enfrentamiento, en los que ha recurrido reiteradamente a las movilizaciones y las muestras de respaldo al acusado: un doble mensaje basado en el aval al trabajo en favor de la paz de su ex responsable de Relaciones Internacionales y la denuncia de la «justicia-espectáculo».
La primera prueba de fuerza se produjo ese mismo mes. Cuando el día 28 Agirre acudió a declarar en el juzgado, centenares de militantes y dirigentes peneuvistas -desde su entonces presidente, Josu Jon Imaz, al actual, Iñigo Urkullu, el diputado general José Luis Bilbao o Juan María Atutxa- le acompañaron en el recorrido. El propio Poder Judicial tuvo que pedir el fin de los ataques verbales al magistrado, que impuso 30.000 euros de fianza al burukide. Los pagó su partido, mientras Gorka Agirre advertía en un comunicado: «Los que habéis puesto la mano en el fuego por mí no os vais a quemar».
Arropado por una plataforma de apoyo que recabó varios miles de firmas, y acompañado en algunas de sus comparecencias semanales ante el juzgado por personas conocidas como Baltasar Errazti (presidente de Confebask hasta 1999) o el decano del Colegio de Abogados de Vizcaya Nazario Oleaga, una de las últimas acciones del juez Baltasar Garzón sobre el 'caso Agirre' fue la toma de declaración como testigos de Iñigo Urkullu, Joseba Egibar, y Xabier Arzalluz el pasado mayo. La cúpula peneuvista declaró entonces que era una «aberración» la imputación a su histórico compañero de filas.
