ECONOMÍA
Las gestoras privadas
anuncian que darán la
batalla jurídica contra
el proyecto de la
presidenta argentina
23.10.08 -
Trabajadoras de las gestoras privadas de pensiones protestan contra el Gobierno. / REUTERS
La Policía federal argentina allanó ayer las sedes de diez Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) por orden del juez Claudio Bonadio, entre ellas la de la gestora Consolidar, del BBVA, que tiene el 14% del mercado. El magistrado decretó los registros, en los que se requisó diversa documentación, en el marco de una investigación por presunta estafa a la administración pública contra las citadas agencias, participadas mayoritariamente por bancos y aseguradoras europeos, estadounidenses y argentinos.
La causa nace de una denuncia formulada el martes por la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social, según la cual estas entidades se lanzaron a una venta masiva de títulos ante la inminente nacionalización de los fondos de pensiones. Ya el mismo martes, el juez había prohibido a las diez gestoras operar en Bolsa en un plazo de siete días, para impedir que modificaran su cartera de inversiones.
Los allanamientos ocurrieron poco después del cierre de los parqués, que cayeron ayer un 10%. En sólo dos jornadas, la Bolsa de Buenos Aires ha perdido el 20% de su valor. El presidente de la organización que agrupa a las AFJP, Sebastián Palla, ya había advertido de que con la disolución del régimen privado «desaparece el mayor inversor institucional de Argentina».
Las gestoras anunciaron ayer que darán la batalla judicial a la decisión de la presidenta Cristina Fernández, que, con la crisis financiera internacional como telón de fondo, ha enviado al Congreso un proyecto de creación de un sistema único de pensiones estatal que absorberá al privado, creado hace 14 años.
Las reacciones de sorpresa, incertidumbre y rechazo de empresarios y afiliados no se hicieron esperar. Sebastián Palla anticipó que las firmas llevarán a cabo «todas las acciones que sean necesarias para proteger a los afiliados». El dirigente advirtió además de que el traspaso de fondos tendrá «un efecto devastador», ya que grandes empresas como la petrolera Repsol-YPF, metalúrgicas, eléctricas, cementeras y constructoras financiaban proyectos a largo plazo con fondos de las administradoras, que manejan ahorros por 95.000 millones de pesos, unos 22.000 millones de euros.
Gas Natural
Del total de fondos de las administradoras, que reciben de los afiliados el equivalente a 3.500 millones de euros por año, el 55% están invertidos en bonos públicos, que también están cotizando a la baja, y el resto son títulos extranjeros, acciones de empresas y depósitos a plazo fijo. Por eso, otro efecto de la transferencia será la nacionalización parcial de firmas que habían lanzado acciones al mercado. Una de las más comprometidas es la española Gas Natural Ban, donde las AFJP tienen una participación del 24,4%.
El Gobierno de Cristina Fernández alega en defensa de su decisión que el sistema privado de jubilaciones es «un fracaso». El Estado estaba invirtiendo 4.000 millones de pesos (unos 925 millones de euros) en compensar a los jubilados del sistema privado, cuyas aportaciones al régimen de capitalización no alcanzaban a cubrir el mínimo para las pensiones.
