21.10.08 - 21:31 -
El paro ha sido seguido de forma masiva en Euskadi/ IGNACIO PÉREZ
El paro convocado por los secretarios judiciales en protesta por las sanciones impuestas a raíz del 'caso Mari Luz' también ha tenido sus repercusiones en Euskadi. La mayoría de los juicios y vistas previstas hoy han sido suspendidas por la protesta. Y el caso por el supuesto 'mobbing' inmobiliario de Getxo no ha sido la excepción. La segunda sesión del juicio, el primero de este tipo en Euskadi, se ha suspendido por la huelga de tres horas.
En la vista de esta mañana estaba previsto que declarasen los denunciantes, los vecinos que vivían en los pisos de arriba y de abajo del ocupado por una familia gitana en la casa Tangora de Neguri, propiedad de un hostelero de Erandio. Las víctimas denunciaron destrozos en la casa, amenazas, allanamiento de morada, robos y continuas inundaciones. e juzga en este proceso si el empresario cedió a una familia gitana esa vivienda para vengarse del resto de vecinos después de ver frustrado su intento de adquirir todos los inmuebles del palacete.
Por otro lado, y según Vasco Press, el paro, convocado entre las 10.00 y las 13.00 horas, ha sido seguido "de forma total" por los 179 secretarios judiciales que ejercen en el País Vasco, tal como reflejan los datos del TSJPV. En concreto, en Vizcaya el seguimiento de la huelga ha sido del 65%, mientras que en Guipúzcoa ha alcanzado el 78% y en Alava el 98%. "Ha sido un paro bastante seguido y ha afectado a muchos juicios", ha reconocido.
El portavoz del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Sebastián Lastra, por su parte, ha confirmado que la inactividad en los juzgados de Instrucción ha sido secundado por todos los secretarios salvo por el que estaba de guardia. "Todos los juicios están prácticamente suspendidos porque el seguimiento ha sido total", ha coincidido. En cualquier caso, no será hasta mañana cuando se conozcan los datos oficiales de la incidencia de la huelga.
Comunicado de denuncia
Durante la jornada, los secretarios judiciales han mantenido reuniones en sus respectivos partidos judiciales, y tras leer un comunicado se han reincorporado a su actividad laboral diaria, sin que se hayan registrado mayores incidentes. Coincidiendo con los paros, en las sedes judiciales vascas, al igual que las del resto de España, se han celebrado Juntas de Jueces para debatir sobre las "presiones" e "injerencias" políticas que a su juicio ha sufrido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz del llamado caso de la niña Mari Luz.
En Vizcaya se han celebrado Juntas de Jueces en los juzgados de Bilbao, Barakaldo y Gernika, así como una reunión informal de magistrados del TSJPV, la cual ha congregado a 16 de sus 24 miembros. A los jueces no les ha sentado nada bien las manifestaciones de algunos responsables políticos exigiendo una sanción más dura para el titular del Juzgado de Sevilla, Rafael Tirado, por los retrasos en la ejecución de una sentencia por abusos sexuales contra el presunto asesino de la menor. Por ello, los jueces vascos se han adherido al documento aprobado ayer en Murcia por los presidentes de las Audiencias Provinciales rechazando la injerencia política del Gobierno con unas manifestaciones que, según su opinión, "exceden de los que es una crítica razonable".
En el texto, los presidentes de las 50 audiencias apoyaban las Juntas de Jueces convocadas en toda España y advertían de que las declaraciones de los responsables del Gobierno suponen un "trato injusto y crítica desproporcionada" ya que son "perfectamente conocedores de las carencias con las que se desarrolla el trabajo de muchos órganos judiciales, obligados a un sobreesfuerzo personal evidente". Asimismo, los jueces acertaban de la sobrecarga de trabajo, falta de modernización y defectuosa gestión pública y consideraban que ellos también son "víctimas del sistema" y "no pueden ser utilizados para encubrir las deficiencias de una organización".
Nuevas juntas
Según ha explicado el juez decano de Bilbao, Alfonso González Guija, la Junta de Jueces de la capital vizcaína ha reunido a 29 miembros que han suscrito otro comunicado, el emitido en su día por los jueces decanos de Cádiz. Este manifiesto, que ha contado únicamente con una abstención, es de similar contenido al apoyado por los magistrados del TSJPV y en el mismo manifiestan "el rotundo rechazo a las constantes injerencia de los responsables políticos en las facultades disciplinarias que competen exclusivamente al CGPJ".
En este sentido, consideran "intolerables" las indicaciones que sobre la sanción concreta debería imponerse según su particular criterio y confían en el CGPJ "esté a la altura de las circunstancias como máximo garante de la independencia judicial". Por ello, comparten que las críticas vertidas buscan ocultar "la responsabilidad del pode político en la secular carencia de medios personales y materiales para afrontar la abrumadora carga d trabajo que soportan los juzgados".
Según ha explicado González Guija, en la reunión de Bilbao se ha acordado además convocar nuevas juntas en un período próximo para analizar los "problemas estructurales de la carrera" como las "carencias en medios materiales y recursos humanos". Aunque en el documento no se hace referencia en ningún momento al juez Tirado, ha sido sin duda el detonante del malestar entre los jueces por las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, mostrando su desacuerdo con la sanción de 1.500 euros impuesta al magistrado por su actuación en el caso.
