El Congreso avaló ayer por una abrumadora mayoría las medidas aprobadas por el Gobierno para apoyar a la banca y hacer frente a la crisis financiera que azota el mundo. Los dos decretos ley -el que permite al Estado la adquisición de activos bancarios por un importe de 30.000 millones de euros, ampliable a 50.000; y el que autoriza la concesión de hasta 100.000 millones en avales a las entidades- recibieron el respaldo, además de los diputados socialistas, del PP, CiU, PNV, ERC, Coalición Canaria y Unión, Progreso y Democracia. El BNG e IU votaron contra el primero de los decretos y se abstuvieron en el segundo; y Nafarroa Bai convalidó este último y se abstuvo en el primero. José Luis Rodríguez Zapatero anunció su intención de que ambas normas estén en vigor antes de diez días.
El Gobierno recibió el plácet parlamentario después de que su presidente aceptara las condiciones pactadas para desarrollar los dos decretos en el debate de guante blanco que celebró el pleno del Congreso. En especial, las tendentes a garantizar el control exhaustivo de las ayudas que el Ejecutivo prestará al sistema financiero. El Banco de España, la Comisión del Mercado de Valores y el Tesoro participarán en el proceso de compra de activos que gestionará el Ministerio de Economía y que estará sometido a un control parlamentario bimensual. La Cámara baja, a su vez, vigilará que los recursos del fondo estatal se destinan a facilitar créditos a los ciudadanos.
El jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, escenificaron su acuerdo, trabajado a lo largo del pasado fin de semana por el vicepresidente Pedro Solbes y por el portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, cuando el jefe del Ejecutivo enumeró desde la tribuna los detalles de la aplicación de las medidas excepcionales adoptadas por el Consejo de Ministros. Así, Zapatero confirmó que se aprobará un crédito de 10.000 millones de euros, ampliable a 30.000, para permitir a partir de noviembre la compra a los bancos de cédulas hipotecarias y bonos de titulización respaldados por préstamos de familias y empresas no financieras. Los créditos necesarios para completar la dotación máxima prevista de 50.000 millones se incluirán en los Presupuestos de 2009.
El presidente, que aseguró haber recibido un informe del Banco Central Europeo «favorable» a ambos decretos, añadió, en relación con los 100.000 millones de euros en avales que podrá conceder el Gobierno que su objetivo último es reducir la incertidumbre que hay sobre los bancos para la financiación a medio plazo.
Sin cheques en blanco
Por su parte, Mariano Rajoy advirtió al jefe del Ejecutivo de que su respaldo no es un cheque en blanco, y tampoco debe serlo el apoyo del Gobierno a las entidades financieras. «Apuntalar con dinero público el sistema financiero no significa olvidarse de exigir responsabilidades por los posibles errores de gestión o los excesos cometidos», le dijo el presidente del PP. Además, dejó claro que este compromiso no anula su oposición en materia económica porque -subrayó- «el gigantesco esfuerzo económico que planteamos a los ciudadanos quedará en nada si no va acompañado de otras reformas que se necesitan urgentemente».
Rodríguez Zapatero se mostró en todo momento conciliador y agradecido por la unidad que cosechó en la Cámara. Aunque insistió en situar en Estados Unidos el origen de la crisis y en destacar la fortaleza del sistema financiero español, reconoció que las actuales dificultades han afectado también a la economía real. Para neutralizar las críticas del PP, que le acusó de beneficiar a la banca y desentenderse de los ciudadanos, afirmó que sin la financiación extraordinaria a las entidades «no hay posibilidad alguna de recuperar el crecimiento económico y crear empleo». Asimismo, sostuvo que las medidas adoptadas no son para apoyar a la banca, sino «a los 45 millones de españoles», y que resultaban «imprescindibles» ante el «riesgo de colapso» del sistema financiero debido a los problemas en los mercados y bancos de EE UU y varios países europeos.
Después de que los grupos de la oposición exigieran un mayor control del dinero público y demandaran que la banca responda a las ayudas que va a recibir facilitando los créditos a familias y empresas, Rodríguez Zapatero aprovechó la única réplica del debate para anunciar los requisitos a los que estará sometida la compra de activos. El Tesoro, el Banco de España y la CNMV constituirán un comité técnico para proponer qué activos deben ser adquiridos. La comisión del Ministerio de Economía decidirá en última instancia, pero estará obligada a motivar su decisión si rechaza las propuestas. El secretario de Estado de Economía informará al Parlamento cada dos meses para evaluar la eficacia de las medidas, un control que se suma al previamente planteado para que el Ministerio de Economía rinda cuentas a la Cámara cuatrimestralmente.
El presidente del Gobierno defendió la «máxima rapidez» para que el crédito llegue a los ciudadanos y rechazó, por «demagógica», la iniciativa de Rajoy para aprobar un plan de ayudas a las familias.