En el hogar se dan las mayores manifestaciones de amor... pero también de violencia, y mayoritariamente contra las mujeres. Y, al menos en el País Vasco, el 13% de los agresores son reincidentes, según un estudio del Instituto Vasco de Criminología, que ha analizado las medidas judiciales adoptadas contra los 4.948 infractores que fueron juzgados durante los últimos cuatro años por agresiones en el ámbito doméstico, incluidas las machistas y también las que se producen contra padres, hijos, hermanos y abuelos.
El examen de la nacionalidad de los agresores muestra que el 23% eran extranjeros, un porcentaje muy elevado si se considera que la población foránea apenas supera el 5% del total en Euskadi. «Existe una 'sobrerrepresentación' de imputados extranjeros en este tipo de delitos, y se da también una especial victimización de mujeres extranjeras», indica el informe.
El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, subrayó también que, en el ámbito de la violencia familiar, el grado de reincidencia es «notablemente alto», pues nada menos que 642 personas enjuiciadas en Euskadi por esos delitos acumularon dos o más denuncias.
«Cuestión cultural»
El Instituto Vasco de Criminología ha analizado en su estudio las 24.157 medidas dictadas por los jueces vascos por todo tipo de agresiones en el ámbito familiar. Una de las conclusiones es que, en el 20% de los casos, la víctima no fue la mujer; y en el 57%, la víctima y la persona denunciada no convivían.
Azkarraga resaltó que el 10% de las agresiones fueron protagonizadas por ex novios, lo que, a su juicio, refleja que «estamos ante una cuestión que es más cultural y no tanto derivada del roce que produce la convivencia».
Según el Instituto Vasco de Criminología, las medidas penales más frecuentes son el alejamiento (36%) y la prohibición de la comunicación (29%). El estudio también mide el tiempo de respuesta judicial, que arroja una media de 263 días entre la comisión del delito y la sentencia, si bien una de cada cuatro denuncias se resuelve en menos de diez días y el 50%, en menos de seis meses. En cuatro de cada diez casos, las víctimas solicitan medidas de protección, que son concedidas de forma inmediata en el 60/70% de las ocasiones.
El informe plantea la necesidad de estudiar los motivos por los que un 12,5% de las denuncias son retiradas por las víctimas, una reacción que Joseba Azkarraga atribuyó «a la dependencia emocional y económica, y al sentimiento de culpa por ser la causa de la ruptura de la familia, así como al miedo a las represalias».