La voluntad política de Iñigo Urkullu de cerrar un pacto presupuestario con el PSOE y la necesidad urgente de José Luis Rodríguez Zapatero de amarrar el respaldo del PNV actuaron ayer como aceleradores del entendimiento entre ambos sobre las cuentas del Estado. El líder del Euzkadi buru batzar y el presidente del Gobierno tomaron personalmente las riendas de la negociación ayer por la mañana, cuando apenas quedaban unas horas para que el registro del Congreso echase la persiana y finalizase el plazo para registrar una enmienda de totalidad que el grupo jeltzale ya tenía preparada. De hecho, el diputado Pedro Azpiazu esperaba con ella en la mano frente a la ventanilla.

Minutos antes de la hora límite -las dos de la tarde-, y tras varias horas de intenso contacto telefónico, Zapatero y Urkullu hablaron por cuarta vez, entre incontables llamadas cruzadas del primero con José Antonio Alonso y del segundo con Josu Erkoreka, que a su vez llevaban más de tres horas de reunión frecuentemente interrumpida por el timbre de los móviles. En esa última conversación, el jefe del Ejecutivo logró por fin arrancar al líder peneuvista el compromiso de no enmendar el proyecto económico del Ejecutivo para 2009, a cambio, entre otras cosas, del traspaso a Euskadi de las políticas de investigación científica y técnica e innovación valorado, según fuentes próximas a los negociadores, en unos 85 millones de euros que se descontarán del Cupo que anualmente las instituciones vascas pagan al Estado. El gesto tiene una enorme trascendencia política: es la primera y única transferencia vasca que desbloquea desde su llegada al poder Zapatero, a quien los nacionalistas le achacaban casi cada día su cerrazón a la hora de cumplir el Estatuto.

El «principio de acuerdo» -según recalcan desde el PNV, que insiste en que la decisión de no registrar la enmienda es sólo un «gesto de buena voluntad» que aún debe concretarse en un pacto que las dos partes deberían rubricar formalmente antes del próximo miércoles- incluye también el impulso futuro de los trabajos para construir el puerto exterior de Pasajes, que exigirá múltiples fondos aún no concretados a desembolsar en sucesivas anualidades. El PNV ha logrado además desbloquear una cuestión que para la formación jeltzale era de vital importancia: que el Gobierno se comprometa a adelantar a los sesenta años la edad de jubilación de la Er-tzaintza y que ceda a sus exigencias de que la medida se aplique con cargo a las arcas de la Seguridad Social, una vieja reivindicación del departamento de Interior y de sindicatos de la Policía autónoma como Erne. El pacto, que no está aún cerrado del todo, conlleva la renuncia gubernamental a que la comunidad autónoma se haga cargo de una parte del gasto y servirá para equiparar a los agentes vascos a guardias civiles y policías nacionales.

La transferencia de I+D+I, la piedra angular del preacuerdo -que según el PSOE incrementará por encima del 6,5% la inversión total en Euskadi-, era crucial para el PNV, que públicamente reivindicaba también la de las políticas activas de empleo. No obstante, ese último punto se había caído hace tiempo de la agenda por la nula flexibilidad del Gobierno en materias que afecten a la caja única de la Seguridad Social y a la recaudación de las cotizaciones de los trabajadores. El principal escollo -que el PSOE negoció con denuedo durante la jornada del jueves sin éxito, aunque lo dejó bastante encarrilado-, era fundamentalmente económico, aunque las conversaciones no estaban exentas de discusión conceptual.

Concurrente o exclusiva

Las posturas de partida quedaban, en efecto, sumamente alejadas: mientras los peneuvistas calculaban que el coste total de los programas de investigación ascendía a 120 millones de euros, los socialistas lo cifraban en 18. Un abismo que se ha ido estrechando hasta confluir en los 85 millones de euros que se deducirán del Cupo, del que han quedado fuera finalmente algunas partidas que los nacionalistas vascos inicialmente reclamaban, como las destinadas a la innovación militar. Desde el PNV precisan que aún están pendientes de visto bueno en este capítulo futuras inversiones del Estado en Euskadi y la posibilidad de que empresas vascas opten a proyectos en esta materia.

La cuestión de si la competencia se disfruta de forma «concurrente» entre las instituciones vascas y las españolas o si pertenece en exclusiva a Euskadi -el Estatuto de Gernika así lo reconoce aunque, precisa, en coordinación con el Estado- tampoco es baladí. De hecho, las explicaciones de cada parte difieren en este aspecto por razones netamente políticas. Fuentes socialistas subrayan que los 85 millones que cada año dejarán de ingresar las arcas estatales corresponden a la aplicación de la mitad del coeficiente que usualmente se emplea para calcular el Cupo, el 6,24%. La mención del 3,12% obedece a la intención de subrayar que el ministerio de Innovación y Ciencia que dirige la vasca Cristina Garmendia -uno de los principales activos con que cuenta Patxi López para su campaña- seguirá gestionando aproximadamente la mitad de los recursos en este terreno. «La ministra ha participado en el acuerdo y las competencias seguirán siendo concurrentes», zanjaron fuentes socialistas. El PNV sostiene, en cambio, que la transferencia es total y hace el cálculo en función del paquete de partidas en que se ha centrado el acuerdo, al considerar que en el resto ya participaba de una forma u otra Euskadi. Según dicen, la precisión del PSOE no tiene otro propósito que «salvar la cara» a la ministra donostiarra.

De un modo u otro, el PNV consolida así su posición como socio de referencia del Gobierno Zapatero frente a las posiciones contrarias al acuerdo del sector más soberanista del partido y el Ejecutivo logra vadear uno de los trámites más peliagudos a los que ha tenido que enfrentarse el presidente, para quien habría sido catastrófica una eventual prórroga de las cuentas. El Gabinete socialista respira tranquilo con los 177 votos que le garantiza el acuerdo alcanzado también con el BNG. Los dos diputados nacionalistas gallegos se unirán a favor de las cuentas en virtud de una inyección monetaria extraordinaria, la mayor de las que ha logrado Galicia según sus portavoces. Las inversiones en esa comunidad aumentarán en, al menos, 125 millones de euros, centrados en extender la escolarización de 0 a 3 años y en mejorar la dotación de fondos destinados a aplicar la Ley de Dependencia.