El sindicato STEE-EILAS cree que el proyecto de reforma educativa impulsado por el departamento que dirige Tontxu Campos supone una «base válida» para superar el actual sistema de modelos lingüísticos e impulsar la normalización del euskera, a pesar de que también contiene «insuficiencias». A juicio de la central abertzale, el plan -que propone un mínimo de 60% de las asignaturas en lengua vasca-, es un «punto de partida válido para seguir debatiendo, siempre y cuando lleve consigo un compromiso de superación de sus carencias y ambigüedades».
STEE-EILAS cree que, en cualquier caso, el proyecto de ley llega «muy tarde, tras año y medio de un incomprensible recorrido y en pleno ambiente electoral, con lo que ha perdido gran parte de su credibilidad». Respecto al rechazo del proyecto por parte de PNV y EB, socios con EA en el tripartito vasco, el sindicato de enseñanza opina que ese «escaso nivel de aceptación tampoco inspira mucha confianza».
Para STEE-EILAS, el proyecto de Educación contiene «avances» ya que «ayudará a eliminar la notable diferencia que existe entre el alumnado respecto al conocimiento del euskera y «acabará con la clasificación lingüística actual», en modelos estancos. Pero, para cumplir esos objetivos, es «imprescindible» un aumento de plantilla de profesorado en aquellos centros situados en un entorno castellanohablante para poder aplicar las «medidas de refuerzo necesarias».
En cualquier caso, la central consideró que sería «muy conveniente» aglutinar el mayor nivel de consenso posible entre los agentes políticos y educativos. «Debería hacerse siempre con el objetivo de conseguir alumnos bilingües, sin posibilidad de marcha atrás, ni derecho a veto por parte de nadie».
También EHAK opinó ayer sobre la reforma educativa. Según las parlamentarias Itziar Basterrika y Karmele Berasategi, la propuesta «no garantiza la euskaldunización» de los escolares por lo que advirtieron al Gobierno vasco de que no darán su apoyo a un proyecto de ley que no incluya «unos mínimos». A su juicio, el planteamiento actual es «un claro intento de fraude desoyendo la voluntad de la comunidad educativa para volver a pactar con el sector españolista».
