El Gobierno aprobó ayer dos medidas que persiguen estabilizar el sistema financiero, devolver la confianza a los mercados y reactivar el flujo de liquidez que amenaza con colapsar no sólo a los bancos y cajas de ahorros, sino también a buena parte de las empresas españolas. El Consejo de Ministros, en una reunión extraordinaria, acordó la concesión de avales al sector por un importe de hasta 100.000 millones de euros de aquí a finales de año, y abrió la puerta legal para que el Estado pueda entrar como accionista e inyectar dinero de forma directa en las entidades que atraviesen dificultades extremas. Esta última posibilidad es recogida con carácter «preventivo» en el decreto al que dio 'luz verde' el Ejecutivo, que descarta utilizarla «de momento» ya que, a su juicio, es innecesaria como consecuencia de la buena salud de los grupos financieros.
Ambas iniciativas son la aplicación de los acuerdos adoptados el pasado fin de semana por la UE y Estados Unidos, en un intento de evitar una bancarrota generalizada y, con ello, una gran depresión de la economía mundial. José Luis Rodríguez Zapatero confió en que sirvan para «cambiar el clima y favorecer la recuperación de la actividad». No obstante, reconoció que es una tarea que «va a llevar esfuerzo y tiempo» porque la situación a la que se ha llegado es «muy grave».
Billón y medio en ayudas
Varios gobiernos europeos formalizaron ayer medidas similares de respaldo a la banca, que suman un billón y medio de euros en avales: Alemania y Gran Bretaña se llevan la palma con 500.000 millones cada uno, seguidos de Francia (360.000), España y Austria (100.000) e Italia (40.000). A esa cantidad hay que añadir el dinero público que se invierta en la compra de acciones de entidades para garantizar su futuro, que puede sumar medio billón adicional.
Las medidas del Ejecutivo español son una continuación de otras dos adoptadas con anterioridad: la ampliación de 20.000 a 100.000 euros en la garantía de depósitos bancarios en casos de quiebra, que trata de tranquilizar a las familias sobre sus ahorros; y la compra de activos 'sanos' al sector por un importe máximo de 50.000 millones. Esta última decisión, que buscaba inyectar liquidez, se había revelado del todo insuficiente.
Los 100.000 millones aprobados ayer son, en la práctica, un riesgo que asume el Estado, y no dinero contante y sonante para colocar en el sistema. El Gobierno hará de avalista de las entidades para que puedan obtener esa cantidad en los mercados de capitales: bien con la emisión de deuda -bonos, obligaciones, etc.- o incluso en el interbancario, en el que los bancos se prestan entre ellos. Estos avales -por los que el Estado cobrará una comisión- se ejecutarán si no se produce la devolución del dinero. En ese caso, lo harán las arcas públicas.
Vital para el sector
Este acceso al endeudamiento es vital para el sector, que se encuentra colapsado por la falta de confianza. Las entidades se resisten a dejarse fondos entre sí por temor a no recuperarlos. Pese a ello, bancos y cajas necesitan que se restituya el flujo. De un lado, para poder conceder nuevos créditos a empresas y particulares. De otro -aquí estaba el lado más peligroso del problema-, para refinanciar sus propias deudas, asumidas en tiempos de bonanza y cuyos vencimientos comienzan a caer como una losa. Si para una compañía es vital que le renueven sus líneas de crédito, para un grupo financiero lo es en mayor grado, ya que ni siquiera puede utilizar instrumentos como demorar el plazo de pago a sus proveedores.
Zapatero reiteró ayer el mensaje de que «no hay ninguna entidad española en situación de insolvencia», por lo que calificó como «preventiva» la posibilidad de que el Estado vuelva al sistema bancario como accionista, que sí se ha puesto en práctica en Reino Unido y que también baraja el Gobierno alemán.
