Terrorismo. Nueva Ley de Protección Integral
El Gobierno perfila una ley para dar respuesta a demandas históricas de las asociaciones como la eliminación de agravios comparativos y la unificación de las normas ahora dispersas
Las víctimas del terrorismo tendrán más protección, más derechos, más dinero y un mayor reconocimiento moral. La nueva Ley de Protección Integral que perfila el Ministerio del Interior será mucho más generosa y dará respuesta a la mayoría de las reclamaciones históricas de las asociaciones. Entre otros aspectos, aceptará por primera vez que las secuelas de todo tipo que deja un atentado pueden agravarse con el tiempo, reconocerá los daños morales de los damnificados y terminará con las diferencias entre ellos en virtud del momento en que sufrieron el zarpazo terrorista.
El borrador de la nueva ley supera en objetivos al proyecto inicial, elaborado hace más de dos años por el ex comisionado Gregorio Peces-Barba, que diseñó una reforma acotada. La Dirección General de Apoyo a las Víctimas insiste en el carácter «integral» de la ley, ya que será una norma de nueva planta y no una modificación o refundición de las normativas ya existentes. Unificará, tras años de quejas de las víctimas, los dos regímenes indemnizatorios existentes en la actualidad actualizará los obsoletos baremos usados para otorgar ayudas: uno data de 1969 y el otro se apoya en los índices previstos para los accidentados de tráfico, revisado por última vez en 1995. También homogeneizará las pensiones que, además del Ministerio del Interior, entregan a las víctimas otras administraciones.
Una de las obsesiones del Gobierno es acabar con las discriminaciones entre los afectados por la violencia terrorista. La normativa ahora vigente, según recogen los borradores que circulan por el ministerio, da lugar a «situaciones injustas y agravios comparativos muy serios» entre las víctimas más recientes -las que desde 1999 han podido acceder a todo tipo de ayudas extraordinarias- y las más antiguas, marginadas por los posteriores cambios legales que no tuvieron efectos retroactivos.
El proyecto establece en varios de sus apartados que la ley será retroactiva para que todos los beneficiarios tengan el mismo trato y las mismas ayudas con independencia del momento en que sufrieron el atentado. También terminará con las diferencias económicas que provoca la existencia o no de sentencia condenatoria a los autores de los crímenes, y acabará con la disparidad en las indemnizaciones fijadas en los fallos judiciales, que a veces difieren hasta en más de un millón de euros.
Daños mentales
Por otra parte, está previsto actualizar las ayudas de asistencia sanitaria (tratamientos médicos, prótesis), que con la actual normativa sólo se rigen por la fecha en la que se cometió el atentado sin tener en cuenta el continuo aumento del IPC. Se mejorarán también las subvenciones para los hijos de víctimas, un dinero que hasta ahora se vinculaba en exclusiva a la fecha de la acción terrorista. Interior quiere también abolir el límite legal de 3.000 euros para tratamientos psicológicos y estudia mejoras económicas por los daños mentales causados por las acciones de los violentos.
Por primera vez, los «posibles agravamientos de las secuelas» tendrán un paraguas jurídico que permitirá aumentar las indemnizaciones si hay un empeoramiento. Hasta ahora, esta mejora económica era imposible, puesto que la norma en vigor sólo permite indemnizar por una sola vez sin contemplar la posibilidad de que en un futuro las lesiones puedan agravarse o, incluso, derivar hacia incapacidades permanentes, tal y como han denunciado en numerosas ocasiones las asociaciones de afectados.
Otra reiterada petición de estos colectivos que quedará incorporada a la norma es la de ampliar y definir mejor el concepto de víctima del terrorismo. Ya no serán unicamente los fallecidos en atentados y sus herederos, así como los heridos. Podrán ser víctimas legales quienes, ilesos tras una acción terrorista, puedan demostrar daños psicológicos y morales, aunque el reconocimiento no implicará sustento económico alguno.
Las personas que se sienten acosadas en el País Vasco y Navarra podrán, si así lo solicitan, obtener la condición de víctima, tal y como propuso el Parlamento en una moción aprobada el pasado 3 de junio. Sin embargo, no tendrán indemnizaciones y el respaldo será sólo político. Eso sí, podrán optar a un apoyo económico, en particular para vivienda, a fin de rehacer su vida en otra región.
En el extranjero
El proyecto del Gobierno contempla que el concepto jurídico de víctima incluya -de pleno derecho, no como hasta ahora que es parcial- a los españoles que sufran atentados en el extranjero, aunque el objetivo de los terroristas no fueran intereses españoles, como ocurrió, por ejemplo, en los ataques contra la Casa de España en Casablanca. Los familiares de los turistas españoles asesinados en Yemen por Al-Qaida en julio de 2007 también podrán beneficiarse directamente de este cambio legislativo. El Gobierno quiere ser muy riguroso en este capítulo y no podrán beneficiarse de la ley otros españoles asesinados en el exterior durante conflictos armados, guerras abiertas, golpes de estado o revueltas que no tengan carácter terrorista.
El proyecto también prevé mejorar las ayudas económicas, médicas y psicológicas para las personas que son secuestradas durante unas horas, como es el caso de los conductores a los que ETA retiene para robar sus vehículos y usarlos en fugas o convertidos en coches-bomba. Estas situaciones estaban excluidas en la ley de 1999.
La dirección general estudia asimismo la posibilidad de ampliar la concesión de condecoraciones. En la actualidad, la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo contempla sólo la entrega de galardones a heridos y fallecidos, y el Gobierno quiere ampliar este reconocimiento a las familias. Lo que sí está claro es que el futuro texto establecerá que los galardones se impongan de oficio para simplificar los trámites. También habrá más protección a las víctimas durante el proceso penal. En particular se protegerá a los damnificados frente a las «ofensas» de los terroristas y «los grupos sociales que les apoyan» durante los juicios.
